09 marzo 2010
La cohesión social: continuidades y rupturas

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Se da una suerte de erosión progresiva y acelerada de los dispositivos que aseguran el lazo social, asumiendo dimensiones críticas. Los síntomas de esta crisis son claros: el confinamiento en lo privado, la anomia, la exclusión, el desempleo masivo, la desafiliación y la declinación de los sujetos políticos sociales, surgidos en el marco de la modernidad.
De Ipola

I. Introducción: El trabajo que presentamos, refiere a la problemática de la cohesión social, que hoy, nuevamente, retorna como preocupación central del conjunto de actores sociales, convocando tanto a gobiernos e instituciones de desarrollo territorial como a cientistas sociales, politólogos y organizaciones de la sociedad civil preocupados, estos últimos, frente a la necesidad de dar respuestas mediante la formulación de políticas públicas que mitiguen y reviertan los problemas de crecimiento, desigualdad, fragmentación y exclusión social.
La sociedad actual, no sólo presenta un profundo deterioro en los lazos sociales y de solidaridad, sino que también está cada vez más expuesta a riesgos globales[1], que para Ulrich Beck remiten a las crisis ecológicas; al deterioro ambiental; a las asimetrías sociales y económicas crecientes entre los países; a la colisión de intereses intergeneracionales en materia de sustentabilidad; a los riesgos del sistema económico-financiero internacional y todo ello, en un contexto a su vez, de complejidad e incertidumbre crecientes que caracterizan al mundo en el que vivimos.
El trabajo se estructura en torno a los siguientes aspectos: una breve caracterización contextual para distinguir los rasgos más sobresalientes del presente; relación entre cohesión e inclusión social, democracia y desarrollo; el aporte de la Educación Superior frente a los nuevos desafíos que plantea el contexto y finalmente las conclusiones de tono ensayístico, así como sus recomendaciones y propuestas de acción.
II. La sociedad en que vivimos
La cuestión social, difundida ampliamente hacia fines del siglo XIX, remitía, a los desajustes de la sociedad industrial en pleno desarrollo, que como sostiene Robert Castel, la respuesta a la misma fue el impuso de un conjunto de dispositivos para promover la integración de las masas que habían quedado marginadas de los circuitos productivos, que amenazaba fuertemente el sistema de solidaridades, que se asentaba en la reproducción de un orden fundado en la tradición y la costumbre.
En el siglo XX, la solidaridad se convertía en la asistencia voluntaria a la sociedad por ella misma, siendo el Estado el responsable de garantizar el bienestar general.
El siglo XXI muestra el quebranto de las regulaciones puestas en obra en el marco de la sociedad industrial y conviven como sostiene Garretón, en el presente, dos modelos societarios[2] . El modelo industrial, y la sociedad post-industrial, globalizada, interconectada o interrelacionada o como se la prefiera nombrar, que presenta cambios, rupturas, continuidades y discontinuidades.
La sociedad industrial, con un Estado fuerte, se organiza en torno al trabajo, la política, la producción. Tiene un centro o polis, desde donde se toman decisiones. El Estado ocupa un lugar protagónico. Es un modelo societario, con fuerte presencia de instituciones (escuela, familia, sindicato, parlamento, partidos políticos). Estas instituciones generan fuertes lazos de identificación y pertenencia. La escuela, el liceo, la universidad “son lugares donde se desarrolla la personalidad, se reproduce la herencia cultural, se producen y reproducen los conocimientos, se prepara para la ciudadanía y el trabajo” (Garretón, 1999). El Estado, a través de sus instituciones aparece como distribuidor de solidaridades. El trabajo como mecanismo de integración, cohesión social y generador de movilidad social ascendente.
La sociedad post-industrial, se desarrolla en torno a la comunicación y al consumo y está atravesada por dos fenómenos: el proceso de globalización con implicancias políticas, económicas, sociales y la constitución de nuevas identidades: “múltiples, algunas rígidas y permanentes, otras evanescentes y efímeras, pero todas ellas irreductibles a las identidades tradicionales (cualquiera sea la vigencia actual de estas últimas)” (De Ipola, 1998).
El principio de cambio, avance o transformación de este tipo societal ya no es el desarrollo concebido sólo como crecimiento económico y distribución de sus beneficios, sino algo más complejo y multidimensional que incluye dichas dimensiones, pero las sobrepasa, reconfigurando un nuevo paradigma de desarrollo que se referencia en términos de calidad de vida. Pero ésta, del mismo modo que la felicidad no tienen una definición objetiva que puedan operacionalizarse a través de indicadores de aceptación sustantiva, como tampoco estructuras y actores claramente establecidos como en el caso del crecimiento económico, ni tampoco un solo “locus”, cual es la sociedad nacional, sino que combina conceptos universales (la globalización de los Derechos Humanos) con las propias percepciones y aspiraciones de los muy diversos grupos humanos. Ello implica de nuevo un desafío para los actores sociales pues no es posible que uno sólo exprese o encarne este principio como el movimiento obrero o empresarial o el Estado podían expresar el principio de desarrollo económico. Así, junto a la integración y la igualdad, aparece como principio básico en este tipo societal la cuestión de la diversidad cultural y de la interculturalidad en una misma sociedad-polis. (Garretón, 1997)
Por otra parte, surge de la caracterización de esta sociedad postindustrial preocupantes situaciones, asimetrías y tensiones que se contrastan de manera rotunda con los paradigmas de desarrollo sustentable. Precisamente, si hay un claro ejemplo de ello, lo encontramos en los países latinoamericanos y del Caribe, en los que un elevado porcentaje de sus poblaciones se encuentran excluidas de los beneficios de la comuniciación, la información y del conocimiento, así como de los bienes y servicios básicos que garanticen niveles aceptables en términos de calidad de vida.
Las transformaciones, también remiten a plantearse de manera inédita la cuestión de enfrentar la vulnerabilidad después de las protecciones, en “una sociedad que se vuelve cada vez más una sociedad de individuos” (Castel, 1997). La participación en colectivos en el modelo industrial, aseguraba la identidad social de los individuos y lo que Castel denomina la “protección cercana”.
El individualismo moderno, desafía todas las formas colectivas de encuadramiento y el modo de articulación del individuo y colectivo, que sin sacralizar, conservó el “compromiso social” hasta principios de la década de 1970. Hoy asistimos al desarrollo de nuevos procesos de individualización, con efectos contrastantes: por un lado el individualismo positivo (autonomía, libertad, calidad de vida, felicidad) por el otro, el desarrollo de un individualismo de masas socavado por la inseguridad y la falta de protecciones.
Se trata, siguiendo a Robert Castel, de una paradoja, cuya profundidad hay que sondear, uno vive más cómodo en su propia individualidad, cuando ella está apuntalada por recursos objetivos y protecciones colectivas.
III. La cohesión e inclusión social, democracia y desarrollo
No hay una acepción clara y unívoca de los conceptos de cohesión ni de exclusión-inclusión social. Esta característica polisémica ocurre con muchas de las conceptualizaciones que buscan explicar una realidad cambiante que apenas acabamos de comprender, por lo que abundan ramificaciones conceptuales, divergencias en los discursos y falta de conocimientos empíricos. También en este caso hay posturas ideológicas y políticas diferentes.
Hay una relación intrínseca entre la inclusión social y la provisión de mecanismos de integración y plena pertenencia a la sociedad. Asimismo, el trabajo continúa siendo un factor sustantivo, en función que aún, en esta sociedad postindustrial, continúa operando como un satisfactor reconocido frente a múltiples necesidades humanas de tipo existencial (Max Neef, 1996). No obstante, el concepto de cohesión social tiende a verse constituido además por otros conceptos de género próximos, como la equidad, la inclusión social y el bienestar y a su vez, tienen estrecha vinculación con los conceptos de ciudadanía y democracia. Precisamente inclusión y pertenencia o igualdad y pertenencia son los ejes sobre los que ha girado la noción de cohesión social en sociedades ordenadas bajo los preceptos del Estado de Bienestar.
Existen múltiples aproximaciones conceptuales de la cohesión social que dependen de cada sociedad y que se distinguen según el rol de los actores implicados, según las áreas a intervenir, los grupos de intereses y del modo escogido para desarrollar dicha cohesión. Decimos que la cohesión social es fruto de las interrelaciones entre individuos libres e instituciones privadas y públicas en un marco de normas y leyes reconocidas como legítimas por toda la comunidad. Particularmente las leyes relativas a los derechos sociales y políticos se encuentran ampliamente legitimadas y existe consenso social sobre su pertinencia.
La cohesión social se vincula a su vez al concepto de exclusión-inclusión social a partir de las relaciones sociales que se genera entre individuos, grupos e instituciones. Son las interacciones sociales las que provocan la visibilidad de ciertos grupos en relación a la sociedad a la que pertenecen.
La cohesión social aparece como un concepto orientador para avanzar hacia sociedades inclusivas, en las que se respeten y hagan efectivo tanto los derechos políticos como los derechos sociales. En ese sentido, la cohesión social es también fuerte elemento de potenciación de la democracia, pues busca canalizar y potenciar el pleno ejercicio de la ciudadanía como condición democrática de la unión de la sociedad y de la autonomía de los individuos.
Debe tenerse en cuenta que muchas exclusiones y discriminaciones tienen raíces histórico-culturales. Pero en el contexto de los cambios generados por los procesos de globalización, la emergencia de nuevos modelos productivos, de nuevas formas de organización del trabajo, de nuevos modelos familiares y de la relación entre géneros, se producen nuevas fragmentaciones y condiciones de exclusión social.
En este marco de fracturas de la cohesión social donde los procesos de exclusión social son dinámicos y cambiantes y los riesgos de las personas de ser partes de esos procesos no sólo afectan a quienes viven situaciones de pobreza, las tradicionales respuestas de las políticas públicas sectorizadas homogéneas y centralizadas resultan adecuadas a esta nueva realidad. Los mecanismos de protección social centralizados en la asistencialidad o las acciones paliativas son una respuesta limitada e insuficiente. Los mecanismos de inclusión social debieran encaminarse a una lógica de protección social sustentada en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que influyen de manera positiva y perdurable en la cohesión social. Con esta impronta de derecho, las políticas sociales contribuyen a que los temores e inseguridades de las personas se reduzcan al tiempo que se previenen las vulnerabilidades y las discriminaciones que causan la exclusión y se actúa sobre ellas.
Es por ello, que la cohesión social se sitúa en la base misma de la democracia y apela a la búsqueda de lógicas de consensos entre actores e instituciones, en el marco de los derechos, como mecanismos que promuevan una plena expresión a las capacidades individuales de las personas, grupos sociales y organizaciones, con el fin de evitar la profundización de formas de marginalización y de exclusión, mediante la reducción de los riesgos y vulnerabilidades.
En sociedades inclusivas, el sistema de derechos humanos es el que le da sustancia a todo el proceso de democratización. Como afirma Bobbio (1991) esta época es el “tiempo de derechos”, pues se ha producido en los ciudadanos una cierta cultura o consciencia de los derechos que no ha cesado de legitimarse. Ello pese a que usualmente se produce una distancia entre la declaración de la existencia de esos derechos y su concreción y garantías a través de políticas publicas específicas.
La cohesión social está sostenida en los vínculos entre las personas y las estructuras sociales. Implica lazos y unión, cuyas formas son diversas, múltiples, lo que hace que en las sociedades existan diversas maneras y posibilidades de cohesión.
Es por ello que la búsqueda de un concepto claro y coherente de cohesión social corresponde a la necesidad de una sociedad que busca definir su propio modelo de desarrollo. La cohesión social se afirma antes que nada como un concepto político, que se plantea como objetivo poner en perspectiva un proyecto de desarrollo, teniendo como base una sociedad moderna que quiere ser legítima y perdurable como sociedad.
Es aquí donde la cohesión social se relaciona con un modelo de desarrollo humano y sustentable en sociedades que reconocen en los derechos humanos y la democracia los ejes fundamentales de su organización. Sus elementos fundantes remiten a la equidad en el acceso a los bienes y servicios públicos, la dignidad individual y colectiva, el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y la participación en proyectos colectivos. En este enfoque, resulta imposible concebir desde el punto de vista de un modelo de desarrollo sustentable que una sociedad conviva con la marginalidad, la pobreza, la exclusión, la violencia o el totalitarismo.
Como sostiene Max Neef, pensar en términos de un Desarrollo a Escala Humana, supone la articulación entre los seres humanos, la naturaleza y la tecnología; la articulación de lo personal con lo social; de lo micro con lo macro; de la planificación con la autonomía y la vinculación entre Estado y Sociedad Civil.

Solo un estilo de desarrollo orientado a la satisfacción de las necesidades
humanas puede asumir el postergado desafío de hacer crecer a toda la perso-
na y a todas las personas. Solo la creciente autodependencia en los diversos
espacios y ámbitos puede enraizar dicho desarrollo en el Continente Lati-
noamericano. Solo el inclaudicable respeto a la diversidad de los innumera-
bles mundos que habitan en el ancho mundo de America Latina garantiza que
esa autonomía no se confine al jardín de las utopías. Solo la articulación de
estas diversidades en un proyecto político democrático, desconcentrador y
descentralizador puede potenciar los recursos sinérgicos indispensables para
la decantación de un desarrollo a la medida del ser humano. (Max Neef)

IV. Aportes desde la Educación Superior

En el intento de resignificar el concepto de cohesión social en relación con la democracia y un modelo de desarrollo inclusivo, proponemos reflexionar sobre los aportes que las instituciones de educación superior y particularmente las universidades públicas realizan a las sociedades en las que se desarrollan, caracterizadas, como ya hemos mencionado, por procesos de fragmentación y exclusión social, por cambios en los patrones de desarrollo y por el riesgo y la incertidumbre como sentimiento epocal.
En tanto instituciones democráticas, autónomas, críticas y creativas, las universidades asumen su compromiso social y promueven, a través de sus políticas institucionales, la más amplia democratización del saber, del conocimiento y de la cultura en diálogo permanente con la sociedad. Esto nos permite definir e interpretar las acciones que responden al bien común; brindando desarrollo académico, científico y tecnológico e interactuando con el Estado y con diferentes actores sociales y socioproductivos.
En la presentación de esta ponencia, no puedo dejar de mirar a mi propia Universidad, la Universidad Nacional del Litoral, que desde su misma creación en 1919 ha nacido, sostenido y materializado los principios y postulados de la Reforma de 1918, convirtiéndola en la primera universidad nacional reformista desde su nacimiento. Todos los componentes centrales de la cosmovisión reformista son los que configuran su ADN y los que a lo largo de su rica historia han otorgado sentido y la legitimidad a las prácticas llevadas adelante en ella.
La adopción del modelo reformista en las universidades públicas latinoamericanas significa, por propia definición, trascender los espacios universitarios alcanzando las esferas culturales, económicas y políticas de la sociedad.
La socialización del conocimiento generado en nuestra Institución nos ha permitido construir fuertes vínculos con la sociedad y protagonizar los procesos de cambio en la región. Docentes, estudiantes y graduados, se integran con organismos gubernamentales, privados y de la sociedad civil, tendientes a concretar acciones transformadoras que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos individual y colectivamente a través de la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas de la cotidianeidad, sin dejar de atender de manera simultánea, otra de las misiones de la Universidad, esto es pensar y reflexionar en la sociedad del mañana.
Todo sistema democrático se consolida con el fortalecimiento de las instituciones y la participación ciudadana. Es por ello que las instituciones de educación superior deben contribuir a los procesos democratizadores mediante la transferencia del conocimiento necesario para promover la integración de las distintas organizaciones representativas de las necesidades de interés común y su participación en la definición de las políticas públicas. Impulsar relaciones interinstitucionales como la base de sustentación de la democracia deliberativa son también objetivos centrales de las acciones emprendidas por la universidad.
La resignificación de las relaciones entre Universidad – Sociedad pone en debate la inclusión social, cultural y política de los sujetos e interpela a las funciones sustantivas en su compromiso insoslayable de generar y transmitir conocimientos. Este enfoque profundiza el análisis en el campo de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad en lo que hace al valor del conocimiento, a su pertinencia social, a los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la determinación de prioridades en las políticas de investigación y extensión y en la apropiación social de los nuevos conocimientos desarrollados.
En este marco, las instituciones de educación superior llevan adelante un conjunto de acciones cuyo objetivo central es sumar esfuerzos hacia una sociedad más inclusiva, justa y solidaria. Son diversos y muy variados los trabajos que sostienen día a día las instituciones educativas y las universidades en particular en ese sentido. Basta con mencionar uno de sus propósitos centrales, cual es la formación de profesionales y a su vez ciudadanos críticos, profundamente democráticos y comprometidos socialmente. Por otra parte, podemos destacar, sólo a título de ejemplo, los programas de capacitación y formación permanente, los programas de capacitación para el trabajo o los programas de desarrollo de emprendimientos socio-productivos, con el objetivo de favorecer la incorporación de vastos sectores sociales al mundo del trabajo; la promoción de la salud comunitaria mediante proyectos que en orden de prioridades abarquen aspectos ambientales y sanitarios; el desarrollo de programas que aportan de manera sustantiva en el campo de la nutrición, de la salud, en el fortalecimiento de la ciudadanía, en los derechos humanos o en el desarrollo sustentable, entre otros aspectos.
La Educación Superior está en condiciones de realizar aportes significativos en términos de cohesión e inclusión social. No solo mediante el pleno ejercicio de sus funciones sustantivas de docencia, extensión e investigación con calidad y pertinencia, sino articulando esfuerzos con el Estado y las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que promuevan el desarrollo sustentable, el pleno ejercicio de los derechos humanos, el emponderamiento de la sociedad, la construcción permanente de ciudadanía, el fortalecimiento de los sistemas productivos y el impulso al desarrollo tecnológico y de los procesos de innovación.

V. A modo de reflexión, recomendaciones y líneas de acción
Como sostiene Pierre Rosanvallon, son los principios básicos, organizadores de la solidaridad, los que se encuentran interpelados. Es significativa la fragilidad del sistema de protecciones: crecimiento de los riesgos sociales, crisis del mundo asalariado, vaciamiento de espacios que otorgaban significación a las prácticas desplegadas por los actores sociales, como el Estado, el trabajo, los partidos políticos, los sindicatos.
Para Cornelius Castoriadis, las crisis del presente, no remiten a una crisis de valores, sino a una crisis del proceso identificatorio, ya que, la creación de un sí mismo individual-social, pasaba por lugares que fueron mutando y no existe ninguna totalidad de significaciones imaginarias o no emerge ninguna, que pueda hacerse cargo de esta crisis de los apuntalamientos particulares. No existe una representación de la sociedad como morada de sentido y valor e inserta en una historia pasada y futura.
Se requiere de un esfuerzo intelectual aplicado al análisis de la realidad en su complejidad y una voluntad política de dominarla, imponiendo la claúsula de salvaguarda de la sociedad, que es el mantenimiento de la cohesión social.
El poder público es la única instancia capaz de construir puentes entre los dos individualismos a los que hiciéramos referencia con capacidad de impulsar y sostener procesos de cohesión e inclusión social. Las antiguas formas de solidaridad, están demasiado agotadas como para reconstruir bases consistentes de resistencia.
Se requiere de un Estado estratega que redespliegue sus intervenciones para acompañar este proceso de individualización, desactivar los puntos de tensión, evitar las fracturas y “repatriar” a quienes han caído debajo de la línea de flotación. Incluso un Estado protector, pues en una sociedad hiperdiversificada y corroída por el individualismo negativo, no hay cohesión social, sin protección social.[3]
Es en este sentido, que las Instituciones de Educación Superior renuevan sus esfuerzos institucionales y académicos, tomando como referencia lo expresado en la Conferencia de la Educación Superior para América Latina y el Caribe (Cartagena de Indias, 2008) y en la Conferencia Mundial de Educación Superior (Paris, 2009), en contribuir de manera efectiva a superar todo tipo de exclusión, marginalidad y pobreza, con la firme convicción que sólo es posible alcanzar un desarrollo humano y sustentable si se logra construir una sociedad inclusiva y con plena cohesión social.
Sin lugar a dudas, tanto de la Conferencia en Cartagena de Indias como de la Conferencia Mundial en París, así como también de los diferentes encuentros de las instituciones de educación superior a nivel nacional como regional, surge una nutrida agenda de trabajo para los próximos años con aportes sustantivos a la democratización y emponderamiento de la sociedad; a la cohesión e inclusión social; al desarrollo sustentable y a la calidad de vida. Esta agenda, interpela a las instituciones de Educación Superior y a su relación con el Estado y la Sociedad. Orienta sus políticas académicas e institucionales hacia una mayor integración de sus funciones sustantivas (docencia, extensión e investigación) en la búsqueda permanente de calidad y pertinencia. Promueve una mayor participación en las políticas públicas y su integración académica y científica con el mundo. En definitiva, esta agenda de trabajo proyectada para esta nueva década que comienza en este 2010, parte del convencimiento de asumir que calidad, autonomía, democracia, pertinencia, compromiso social e integración son conceptos inseparables de un modelo de universidad que contribuye de manera sustantiva a la cohesión e inclusión social y al desarrollo sustentable.

Bibliografía
Andrade, Larry (2006) (compilador) “Lo social: inquieto (e inquietante) objeto”. Editorial Miño y Dávila. Buenos Aires- Argentina
Beck, Ulrich (2008) “La sociedad del riesgo mundial”. Editorial Paidós- Buenos Aires.
Carballeda, Alfredo (2005)” La intervención en lo social”. Espacio- Buenos Aires
Castel , Robert (1997) La metamorfosis de la cuestión social- 4ta. Reimpresión, 2006. Paidós-Estado Sociedad- Buenos Aires
De Ipola, Emilio (compilador) (1998) “La crisis del lazo social”. Eudeba- Buenos Aires- Argentina
Garretón, Manuel (1998) “La Sociedad en que vivi(re)mos” Revista Estudios Sociales N° 14. Editorial Universidad nacional del litoral- Santa Fe-Argentina
Rosanvallon, Pierre (1995) “La nueva cuestión social” Edit. Manantiales- Buenos Aires- Argentina
[1] Los riesgos para Beck, significan, “acontecimientos futuros que es posible que se presenten, que nos amenazan… invaden nuestra mente y guían nuestros actos, resulta una fuerza política transformadora”. La materialización del riesgo produce una catástrofe, que está definida temporal y espacialmente.
[2] Manuel Garretón caracteriza los modelos societales, a partir de los tipos ideales, en términos weberianos
[3] Robert Castel “La metamorfosis de la cuestión social”(pag. 478)

17 de respuestas para “La cohesión social: continuidades y rupturas”

  1.  
    Esther Giménez-Salinas i Colomer dijo:
    12 de marzo de 2010 - 18:16

    Comentario al artículo “La educación Superior contribuyendo a la inclusión y cohesión social.
    La cohesión social: continuidades y rupturas”.

    El artículo que estamos comentando empieza situando el contexto histórico de la cohesión social. Hace un resumen de la cuestión a nivel global, desde que ésta aparece como tal en el s XIX, con los desajustes de la sociedad industrial, llegando hasta nuestro siglo XXI. En éste conviven dos modelos sociales: el industrial y el postindustrial, que Bell expresó como la transición hacia una economía basada en los servicios y no únicamente en los productos como en el caso de la anterior. Prosigue el artículo centrándose en el siglo XX, en el que fue el Estado el encargado de regular las protecciones sociales en un marco de progreso económico e industrial. Una vez alcanzado cierto punto de desarrollo y superadas en muchas sociedades las condiciones suficientes, el motor del cambio pasó a ser la calidad de vida de los individuos en su sociedad. El estado del bienestar y también del consumo, junto con una cultura basada en los derechos humanos caló hondo en Europa y se propició una elevada cohesión social en la mayoría de países.
    Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta que, cada vez, más vivimos en el individualismo, tendencia que nos aleja del compromiso social que debería implicar la participación en la vida colectiva propia de las democracias.

    Tal y como apunta el artículo, el estado actual de la cuestión nos conduce a un análisis que se basa en lo que varios sociólogos llevan diagnosticando desde los años 80 del pasado siglo. Por ejemplo: el reconocimiento de las diferencias culturales y sus consecuencias políticas, tema que abordan pensadores como Charles Taylor y Will Kymlicka; la fragmentación y la atomización de las comunidades y los individuos que Lipovetsky plantea como consecuencia de la decepción en esta era del vacío; la sociedad del riesgo y a su vez del bienestar que describe Ulrich Beck o la modernidad líquida que Zygmunt Bauman contrapone a lo sólido y fijo.

    En definitiva el nuevo contexto en el que nos encontramos nos obliga a comprender los nuevos fenómenos que se producen en nuestra época. Uno de los mayores retos del pensamiento social y político de nuestro tiempo lo encontramos en la dialéctica existente entre la creciente integración en un sistema global mundial y la fragmentación social y cultural que también va en aumento. Este nuevo contexto es fruto en gran medida de la globalización, probablemente el más importante de los cambios que estamos viviendo. Que la globalización supone un desafío para lograr o bien mantener la cohesión social es algo que se nos muestra a través de los cambios en las políticas económicas de los Estados. Pero la globalización tiene muchas caras que debemos tratar de conocer, dado que su efecto conlleva cambios en la vida política, económica, social y cultural tanto en el ámbito nacional, como en el mundial.

    Así, aunque la globalización no es única, ni principalmente un concepto económico, sí podemos hallar su origen en la economía. Por lo tanto, en términos económicos, “la globalización puede ser definida como la creciente interdependencia e interconexión de las economías nacionales y la resultante erosión de la autonomía que produce sobre los Estados-nación. Se caracteriza por el creciente movimiento de bienes, servicios, capitales y población entre las fronteras nacionales.”
    Dicho de otro modo, con la globalización del mercado la economía nacional deja paso a las economías transnacionales y con ello los Estados pierden la capacidad para controlar sus economías incluso dentro de sus propias fronteras, cosa que lógicamente repercute en los criterios a la hora de asignar y distribuir los recursos del país.

    Por otro lado, en términos más generales, podemos acogernos a la definición que ofrece el sociólogo Ulrich Beck cuando describe la globalización como “los procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrincan mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios.” Para Beck, la globalización también es un proceso que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a primer plano a terceras culturas.

    En el otro extremo, Immanuel Wallerstein opina que la globalización no es en absoluto un fenómeno reciente cuyo origen podamos situar alrededor de la década de los 90 del pasado siglo, sino más bien un proceso que cuenta con más de 500 años de vida, y más bien este reconocido sociólogo se muestra partidario de definir nuestra época a través del concepto de “transformación”. Un proceso que pone de manifiesto la crisis estructural del mundo moderno. Una crisis que acabará por provocar una bifurcación de los sistemas y una transición hacia una nueva estructura social aún por determinar.

    No obstante, no debemos olvidar que ante todo vivimos en lo que Drucker bautizó como la sociedad del conocimiento, en la que, por primera vez en la historia, somos conscientes del valor económico y productivo del conocimiento, así como la fuerza que representa para el crecimiento de las sociedades. Este cambio de paradigma social nos sitúa frente a una realidad importante: hoy es más necesario que nunca que volquemos nuestros esfuerzos sobre la educación superior, cimiento fundamental para construir nuestro futuro.
    La universidad es la clave de la transformación de nuestras sociedades, aún con mayor motivo allí donde los índices de pobreza siguen siendo altos o donde el progreso y el desarrollo siguen siendo metas por alcanzar.

    Este es el caso de América Latina que debido a su historia, cuenta en la actualidad con una compleja realidad social en la que conviven diversos grupos sociales con necesidades específicas de reconocimiento e integración y donde las diferencias económicas y de nivel de vida son tan marcadas. América Latina, con el resto del mundo, ha seguido la senda que Estados Unidos creó, constituyéndose en un sistema democrático, y parece haber optado por este mismo sistema para la realización de sus sociedades.
    Aquí podríamos apuntar con Jürgen Habermas que las cuestiones antes relegadas al ámbito privado son, en el contexto de las democracias deliberativas, problemas que deben ser resueltos en la esfera pública. Como es el caso de la problemática social actual. Así, vivimos ocasionalmente una transformación de las democracias representativas en democracias deliberativas, cuando la búsqueda del consenso por parte de los actores sociales se convierte en el objetivo, sin olvidar que este consenso demanda necesariamente un cierto grado de cultura por parte de los mismos. Si queremos que en nuestras sociedades la democracia sea algo más que un marco normativo debemos ser conscientes de la responsabilidad que la ciudadanía tiene en la realización de la vida social y encontrar la manera de incentivarla.

    Por ello, para actuar en consecuencia con estos ideales debemos estar atentos a la actualidad más urgente. Nuestro mayor obstáculo ahora es la presente crisis financiera y económica que, en un mundo globalizado como el nuestro, cobra también una dimensión y consecuencias globales. Sin duda podemos hablar de un mundo en crisis. Es esencial que tengamos presente este factor que por supuesto afecta a todos los actores sociales pero que en lo que respecta a la educación es especialmente preocupante.

    El acceso a la educación infantil y primaria es aún un reto por alcanzar, tal y como muestra el movimiento coordinado por la UNESCO denominado Educación Para Todos (EPT), que trata de asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación y disminuir la cifra mundial de niños sin escolarizar, que es de 72 millones en la actualidad. No debemos olvidar, por obvio que parezca, que los niños serán jóvenes y los jóvenes serán el futuro de la sociedad.
    Ellos que son los más vulnerables a los cambios, se enfrentan a una situación de desamparo, pérdida de identidad y sentimiento de incertidumbre para su futuro. Aumentar la tasa de escolarización, reconducir los esfuerzos para evitar el abandono escolar y conseguir que muchos más jóvenes accedan a la universidad son metas ineludibles en nuestro tiempo.
    Pero en lo que se refiere a la educación superior, el acceso a los estudios puede verse aún más maltrecho por la actual crisis y lo mismo puede decirse de la calidad. En la reciente Conferencia Mundial de Educación Superior 2009 realizada en París, una vez más se nos recordó que “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” como constata la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así pues, en un mundo globalizado nuestra meta es también la globalización de la Educación Superior.

    Por otro lado, para que podamos hablar de cohesión social debemos poder contar con un proyecto democrático, ya que es en este contexto en el que se podrá alcanzar el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos. Entendemos que una sociedad se define por el tipo de actores sociales que la conforman, esto es, los individuos que viven en ellas y las actuaciones que estos desarrollan dentro de su comunidad. De este modo podemos diferenciar diversos tipos de sociedades en función de los lazos e interdependencias que en ellas se dan y que producen a su vez diferentes acciones sociales. Así es como los individuos, instituciones y gobiernos deben formar un todo que partiendo de elementos comunes o no, se dirija a su vez a unas metas también comunes.
    Podría empezarse, sin duda, por una revisión de la agenda política para incluir en sus acciones sistemas de becas que garantizaran la pluralidad y el pleno acceso a la educación. Los estados deberían también poder establecer una relación de oferta-demanda entre los estudios universitarios y la necesidad que la sociedad tiene de determinado tipo de profesionales. De esa manera se evita la llamada “fuga de cerebros”. Proceso que deja al país sin profesionales cualificados y por lo tanto se elimina el retorno social, tan necesario para que los profesionales contribuyan a la sociedad que los ha formado.

    En la reciente Conferencia Mundial de Educación Superior, en la que América Latina y el Caribe participaron, se plantearon claramente las responsabilidades sociales de la Educación Superior y se recalcó el papel fundamental que los gobiernos juegan en esta responsabilidad. Recordemos las metas especificadas:

    -Mantener e incrementar la inversión en Educación Superior para sostener la calidad y equidad, así como promover la diversificación y la provisión de su financiamiento.
    -Asegurar la inversión adecuada para reflejar las expectativas crecientes y las necesidades sociales.
    -Poner en marcha sistemas de aseguramiento de la calidad a través de marcos regulatorios.
    -Intensificar la formación docente con herramientas que preparen a los estudiantes para ser ciudadanos responsables.
    -Garantizar el acceso a las mujeres, así como su participación y éxito.
    -Garantizar el acceso equitativo a los grupos subrepresentados: trabajadores, pobres, minorías, personas con discapacidad, migrantes, refugiados y otras poblaciones vulnerables.
    -Desarrollar mecanismos que contrarresten los impactos negativos de la fuga de cerebros, al mismo tiempo que se promueve la movilidad académica de estudiantes y docentes.
    -Apoyar una mayor cooperación regional, para fortalecer y establecer espacios regionales de Educación Superior e investigación.
    -Habilitar a los países menos desarrollados para que aprovechen las oportunidades de la globalización y alentar la colaboración entre ellos.
    -Perseguir las metas de la equidad, calidad y éxito a través del desarrollo de medios de acceso más flexibles y un mejor reconocimiento de aprendizajes y experiencias laborales previos.
    -Incentivar el interés por la carrera académica asegurando respeto por los derechos y adecuadas condiciones laborales del personal académico, de acuerdo don a la Recomendación de 1997 relativa al estatus del personal docente de educación superior.
    -Garantizar la activa participación de los estudiantes en la vida académica, asegurando la libertad de expresión y el derecho a la organización y brindando servicios estudiantiles adecuados.
    -Combatir las usinas de títulos a través de un ataque multifacético en la esfera nacional e internacional.
    -Desarrollar sistemas de investigación más flexibles y organizados que promuevan la excelencia de la ciencia, la interdisciplinariedad y que se dispongan al servicio de la sociedad.
    -Apoyar la integración más completa de las TIC y la EAD a distancia para atender las crecientes demandas de educación superior.

    El artículo que comentamos nos remite a la figura del Estado protector de los derechos individuales. El Estado garante que a través de políticas públicas ofrece herramientas para alcanzar la equidad y la integración social de sus individuos. Para lograr un alto nivel de protección social es necesario un estado capaz de garantizar políticas públicas que fomenten la cohesión social. De esta manera impulsa el pleno ejercicio de los derechos de los individuos. Un sistema tal, representa un coste económico elevado del que pueden resentirse sociedades en vías de desarrollo o con una clase media aún incipiente o poco representativa. En Europa, por ejemplo, es el enorme crecimiento de la clase media lo que permitió la existencia de un Estado del bienestar que trabaje para reajustar los desequilibrios sociales a través de los impuestos. Aún así, la sobrecarga que supone para los gobiernos el mantenimiento de este “Estado del bienestar” es muy pesada, llegando a correr peligro en determinadas situaciones, como la actual crisis que comentábamos más arriba.
    El texto plantea para América Latina el modelo más europeísta de la sociedad del bienestar. Esto es, un Estado fuerte que regule y potencie las protecciones sociales.

    No es, no obstante, ninguna novedad que el Estado-nación en Europa sufre una crisis y que el mismo concepto de cohesión social está en el centro del debate dadas las nuevas circunstancias que el viejo continente afronta: inmigración/migración desorganizada, población envejecida, altas tasas de desempleo, incapacidad para cerrar acuerdos entre los países miembros,… Añadiendo a estos fenómenos la denominada “crisis de valores”, la falta de nuevas propuestas que aumenten los niveles de cohesión en una sociedad refugiada en el individualismo y el relativismo. El resultado se plasma en una falta de perspectiva futura para la ciudadanía. En palabras del pensador Jürgen Habermas “gracias a la ayuda de las burocracias del Estado de bienestar, los estados han construido unos sistemas de seguridad social poco propensos a estimular en sus clientes la responsabilidad sobre sus propias vidas.” No podemos, por estos motivos, dejar de preguntarnos si el modelo europeo es el más adecuado.

    Probablemente estemos ante la transformación del antiguo esquema del Estado-providencia y cada vez sea más necesario contar con una sociedad responsable de sí misma. Una transformación en la que la educación superior jugará un papel fundamental. Educar en la democracia, los valores del humanismo, la igualdad y equidad social, la libertad de pensamiento, el compromiso con los demás y también con la naturaleza, la creación de conocimiento y la innovación son algunas de las premisas que la educación superior debiera tener en cuenta.

    Lo más interesante sería partir de la especificidad del caso de para, desde él, desarrollar los planes estratégicos capaces de elevar el nivel de cohesión social. En primer lugar, debemos remarcar que el papel internacional de los estados de América Latina ha variado en los último años, tal y como Wallerstein destaca en una reciente entrevista: “Actualmente, América Latina ejerce un papel político autónomo y éste es un hecho irreversible.” Este cambio debe ser entendido de manera positiva porque a partir de ahí entendemos que las instituciones de educación superior podrán articular los lazos comunes de su cultura sin descuidar por ello las diversas identidades que en ella encontramos. ¿Cómo se trabaja la cohesión social en sociedades plurales y con una diversidad cultural tan marcada?
    Debemos de nuevo hacer un ejercicio de reflexión para encontrar los elementos propios, y no sólo los marcos normativos internacionales, que ayuden a cohesionar la sociedad. La lengua es uno de esos elementos y puede ser usado favorablemente en el ámbito de la educación superior. Compartimos con el resto de contribuciones el convencimiento de que la educación superior como institución puede convertirse en un aliado de la cohesión social.

    Así, una mayor interrelación entre las diferentes instituciones de educación superior a través de la creación de redes de conocimiento; convenios de cooperación internacional; creación de sistemas de becas que promuevan la integración de los sectores más vulnerables y programas de movilidad a nivel nacional e internacional, serviría para garantizar la calidad de los procesos así como para establecer nuevas políticas que favorecieran una imagen interna y externa unitaria. Con ello aumentaría la confianza de la sociedad en las instituciones de educación superior. Dicho de otro modo, la capacidad de las diversas instituciones de educación superior para unirse a través del consenso será un factor clave para transformar las actuales debilidades en fortalezas.

    [1] Lazar, F. States against markets: the limits of globalization. Pág. 274, Ed. Boyer y Drache, 1996.

    2 Beck, U. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo. Respuestas a la globalización, Barcelona, Paidós, 1998.

    3 Wallerstein, I. Globalization or the Age of transition? A long-term view of the trajectory of the World-System. Publicado por SAGE en nombre de la Asociación Internacional de Sociología.

    4 Artículo 26.

    4 Habermas, Jürgen. El valle de lágrimas de la globalización. Revista Claves de razón práctica, nº 101, enero/febrero de 2001.

    4 Periódico Diagonal, Madrid, nº 96. 19 de febrero de 2009.

  2.  
    Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde dijo:
    17 de marzo de 2010 - 1:51

    Sin lugar a dudas, las políticas poblacionales que nuestro País implementó en los años setentas del siglo pasado fueron exitosas ya que frenaron de manera significativa el crecimiento demográfico de una nación que en aquellos años lo hacía a tasas superiores al 4% anual lo que anticipaba que en poco tiempo tendríamos una tamaño de población que rebasaría en mucho las posibilidades de atención en temas fundamentales como son los alimentarios, educativos, de salud, de vivienda, por mencionar los primordiales.

    El período del llamado “Desarrollo Estabilizador” que vivió México entre 1952 y 1970, nos llenó de ilusiones derivadas de un crecimiento superior al 7% anual del PIB lo que en gran medida revertía los efectos de una tasa de crecimiento del 4%. Es la época en la que el país cambia su rostro rural y se convierte en una nación notoriamente urbana con todos los beneficios que ello conlleva, pero también con los riesgos que este hecho trae aparejados.

    La concentración de la población en los centros urbanos obligó a canalizar mayor cantidad de recursos para dotar de infraestructura a estados y municipio, privilegiando de manera particular el aspecto educativo. La vida en las urbes estaba vinculada de manera indisoluble a centros fabriles que demandaban fuerza de trabajo de manera incesante para poder cumplir con los procesos productivos requeridos por el nuevo modelo económico vigente a partir de los años setentas que hizo a un lado el “modelo de desarrollo estabilizador” para arribar a un “modelo de desarrollo con inflación”.

    Desafortunadamente, el éxito de las políticas orientadas a reducir el crecimiento de la población no se tradujo en el freno al deterioro de la situación económica de buena parte de ésta que continuó al margen de programas que modificarán su entorno y garantizarán equidad en la distribución de la riqueza.

    El arribo, en los inicios de los años ochentas, a un nuevo modelo económico que privilegió la reducción del tamaño del Estado y que disminuyó notablemente su compromiso social, contribuyó a una mayor concentración de la riqueza en pocas manos y al crecimiento del número de mexicanos que viven en pobreza extrema al margen de los satisfactores esenciales para una vida digna y productiva.

    Este modelo económico, mal llamado neoliberal, ha venido acompañado de una proceso de globalización que si bien nos ha acercado al mundo, ha hecho más evidentes las diferencias y propiciado procesos de explotación de nuestros recursos humanos y naturales de una manera más sutil pero no menos salvaje que la ocurrida en los mejores tiempos del colonialismo de los siglos XVI y XVII.

    La mundialización de la economía conlleva nuevos paradigmas que obligan a insertarnos de manera inteligente en esta nueva ola del desarrollo que está íntimamente vinculada a la información y a las comunicaciones; camino que pasa necesariamente por urgentes readecuaciones del modelo educativo nacional. Adecuaciones que tienen que ver con el compromiso reiterado pero aún no cumplido de otorgar a la sociedad una educación de calidad sin importar el tipo de institución educativa al que pueda acceder por su situación económica.

    La equidad, la pertinencia y la calidad siguen siendo una tríada que es obligado privilegiar en el afán de poder brindar a la sociedad las herramientas adecuadas para poder enfrentar los retos que derivan de una globalidad que se caracteriza por la competencia extrema de la cual solo pueden salir victoriosas las naciones y las personas que accedan a sistemas educativos que privilegien la excelencia.

    Si bien es cierto que las tendencias del crecimiento demográfico se han revertido, también lo es que el “envejecimiento” de la población presenta nuevos retos y obliga a la implementación de políticas públicas que, además de generar nuevas alternativas para los jóvenes, vistos como nuestro más valioso capital humano, generen alternativas para nuestros “viejos jóvenes” que mucho pueden aportar a la sociedad.

    Es este un binomio de gran valía en el propósito de establecer acciones que permitan alcanzar el crecimiento sostenido que logre, con la necesaria perseverancia, convertirse en desarrollo, claros todos de que el primero es un factor cuantitativo pero que lo que requiere la nación es más que eso, urge alcanzar el desarrollo que transforme las cosas, que incida en la calidad de vida de las personas y de las comunidades.

    No es mi propósito negar lo tantas veces dicho de que la educación es la puerta de entrada a un mejor mañana, pero considero impostergable aceptar, como ya lo han hecho instituciones internacionales como el Banco Mundial, que el educación, per se, no es capaz de revertir el subdesarrollo, ni terminar con la pobreza si no se ponen en práctica políticas públicas capaces de aprovechar el enorme valor de los recursos humanos que día a día entrega a la sociedad el sistema educativo.

    Si bien en México estamos lejos de contar con presupuestos suficientes destinados a la educación y a la investigación, no podemos negar que se han logrado avances importantes en materia educativa sobre todo en lo que a cobertura se refiere, sin embargo, es innegable que no hemos incidido lo suficiente en lo que a calidad se refiere y ello contribuye a abrir cada día más la brecha entre nuestro país y las naciones desarrolladas que sí destinan recursos presupuestales suficientes claros de que la formación del capital humano es tarea primordial a la que no se puede renunciar si se quiere seguir participando en un entorno mundial de alta competitividad.

    No debemos seguir pensando que la educación es la panacea para todos nuestros males. Estudios recientes demuestran que no es válida la ecuación que atribuye una reducción automática de la pobreza, la inseguridad, la corrupción a que un mayor número de personas accedan a la educación. Lo que puede revertir la presencia de estos flagelos es la existencia de políticas públicas que al tiempo que promuevan una mayor presencia y retención de la población en los centros educativos, aliente la generación de empleos productivos.

    Existen evidencias de que más que la educación, lo que contribuye de manera más significativa a lograr el crecimiento, son políticas económicas como la apertura del comercio internacional, políticas monetarias y fiscales sólidas, un sistema financiero y un gobierno de tamaño moderado que no renuncie a su compromiso con la sociedad. El fortalecimiento de las clases medias y no su depauperización son tareas ineludibles de un Estado que no renuncie a la regulación en aras de un empequeñecimiento que lo torna invisible e ineficiente.

    La Comisión McKinsey, inclinada a dar más peso a las instituciones en las estrategias de crecimiento que a la educación, ha afirmado que: “La importancia de la educación de la fuerza laboral ha sido llevada demasiado lejos. En otras palabras, educación no es la salida de la trampa de la pobreza. Un nivel alto educativo no es garantía de alta productividad.”

    El propio Banco Mundial, enfocado durante buen tiempo a centrar los esfuerzos del crecimiento en el tema educativo, habla ya de las instituciones como un determinante del crecimiento y de esta manera avanza en forma importante hacia una posición mucho más integral que la que simplemente apuesta a una variable (educación) o a un conjunto de variables (educación, salud, tecnología o inversión, por ejemplo).

    Se debe abundar que la nueva posición del Banco Mundial se extiende no sólo a las instituciones en su sentido más amplio, además, a las instituciones empresariales como factores claves para alcanzar la eficiencia, el crecimiento y la calidad de vida.

    El quid de lo antes expuesto está orientado a persuadir al auditorio de que sin dejar de lado la importancia de la educación y la urgencia de lograr una mayor canalización de recursos a la actividad, no basta con un sector educativo sólido y productivo, sustentado en la calidad y en la exigencia, si en vía paralela no correo un riel que prodigue políticas públicas capaces de generar las verdaderas alternativas de desarrollo.

    Es tiempo de colocar en su justo medio a las instituciones educativas, espacialmente las del nivel superior que no pueden por ellas mismas cargar con el peso de las esperanzas de crecimiento, mucho menos con las del desarrollo. Su papel es más modesto, pero no menos importante y decisivo: Se trata de formar, y hacerlo bien, al capital humano que requieren el sector productivo para contribuir a cumplir las tareas encaminadas a lograr el progreso.

    No son las instituciones educativas las que generan desempleados, es la sociedad toda la que nos es capaz de generar los mecanismos de empleabilidad necesarios para justificar la estadía de nuestros jóvenes en los centros de formación.

    Por lo mismo, es menester generar nuevas estrategias que garanticen la consonancia entre las estrategias públicas, las acciones privadas y el devenir académico, que para ser pertinente requiere de la comunicación permanente con los sectores públicos y privados.

    No se pone en entredicho el beneficio de la liberalidad en la selección de profesiones, pero tampoco se aconseja la ausencia plena en la orientación hacia aquellas carreras que son las prioritarias para las estrategias de desarrollo nacional, regional o estatal.

    La invaluable lección que hoy nos aportan las experiencia vividas en China e India, nos llevan a reconocer que estamos distantes de un modelo educativo que privilegie la vinculación permanente de las IES con las empresas; vinculación que permita a los educandos una mayor presencia en empresas productivas. Teoría y Praxis siguen siendo la clave para detonar la metamorfosis que convierta a nuestra larva en bella mariposa.

  3.  
    MTRO. ARTURO SALGADO URIÓSTEGUI dijo:
    26 de marzo de 2010 - 19:54

    Tema 1: La Educación Superior y el conocimiento como factores de inclusión y cohesión social.

    Se ha dicho con frecuencia que la solución adecuada a los más relevantes problemas del mundo es la Educación, las sociedades deben estar preparadas para afrontar los retos de las naciones de primer mundo, la Educación Superior en México debe intentar responder a los patrones internacionales y la dinámica de los procesos de globalización económica. Estos procesos de globalización, arrastrarán consigo tendencias hacia la organización posmoderna y la sociedad del conocimiento para apuntalar un proyecto hegemónico de sociedad global que de sustento al mercado global y a una democracia global.

    Hoy en día, los diversos niveles del conocimiento adquieren mayor importancia. Los niveles básicos (preescolar, primaria y secundaria) son el inicio de todo un proceso que concluye en el nivel superior (bachillerato y profesional), que son la base del desarrollo exitoso, concluir con estudios que nos permitan vencer retos y desarrollar habilidades técnicas, acordes a la aplicación de herramientas encaminadas hacia la consolidación de sistemas económicos, políticos y sociales cada vez más sólidos.

    Los datos en nuestro país no son nada de lo que podamos sentirnos orgullosos; ya que nuestros egresados del nivel profesional (en un porcentaje importante) no se incorporan a la actividad productiva para la cual se prepararon.

    De ahí la importancia que tiene el hacer de las Instituciones de Educación Superior verdaderas fuentes de conocimiento, y la importancia que tiene también el que estas instituciones se involucren más en la dinámica de sus entornos, que atiendan agendas nacionales de importancia, que mantengan una estrecha y necesaria vinculación con el Sector Productivo, de manera que los alumnos puedan practicar sus conocimientos adquiridos en las aulas y se adquiera el compromiso de abrir espacios laborales para el egresado.

    Esto implica trabajar arduamente en inversión en equipamiento, infraestructura y los recursos de apoyo académico, principalmente bibliotecas, centros de información. El tema de retos y compromisos es muy amplio, hablar de cobertura, equidad, competitividad académica, evaluación, calidad, capacidad, desarrollo de líneas de generación, entre otros temas, forman parte de esos grandes retos que tiene la Educación Superior en México.

  4.  
    Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde dijo:
    05 de abril de 2010 - 19:47

    Coincido con los comentarios del Mtro. Salgado Urióstigui en cuanto a la inportancia de invertir en equipamientos e infraestructura. En los tiempos de la globalidad la diferencia entre una preparación suficiente y una de excelencia está en la existencia de los componentes tecnológicos. La era actual es la de la información y sólo aquellos que acceden a ella pueden hablar de uan auténtica equidad e integración social.

  5.  
    Ruben Hallu dijo:
    16 de abril de 2010 - 19:01

    LA UNIVERSIDAD Y LA COHESIÓN SOCIAL
    RUBEN HALLU
    RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

    Las universidades públicas tienen una doble función en relación con la cohesión social. Por un lado, dotar a los individuos de las competencias necesarias para el trabajo, siendo este un mecanismo estratégico para la integración y cohesión social. Por otra parte, en la universidad se transmiten valores que pretenden ser compartidos por todos y que coadyuvan al sostenimiento de una democracia plural.

    Pero cabe destacar que la universidad tiene todavía el desafío de incluir a los sectores sociales más desfavorecidos en términos de capital cultural y económico.

    Por ello considero que las tareas de la universidad del siglo XXI en términos de la cohesión social suponen trabajar de un modo simultáneo en múltiples frentes: los cambios en los paradigmas del conocimiento, la transformación organizacional que esos nuevos modelos educativos y científicos requieren y resolver las paradojas que fracturaron el vínculo entre el mundo social y el académico.

    Como ya señalaba un importante Rector de la UBA hace más de medio siglo que consideramos plenamente vigentes como tareas del presente: “…nuestras universidades deben convertirse en uno de los factores principales de transformación radical de las anticuadas estructuras económicas, sociales, políticas y culturales de nuestra América. Para que esto sea posible deben antes experimentar un cambio interior, intenso y profundo. Renovar los fines, modernizar los métodos de enseñanza, impulsar la renovación científica, desechar viejos hábitos y actitudes, elevar sus rendimientos y cambiar sus estructuras arcaicas. Y ante todo auscultar las necesidades del contorno social y ponerse a sus servicio” ( Riseri Frondizi, 1971)

    El desafío central que se le plantea a la Universidad Pública en el contexto de América latina de es construir una sociedad más justa basada en el conocimiento.

    Compartimos la conceptualización de la UNESCO sobre que es la sociedad del conocimiento que comprende dimensiones sociales, éticas y políticas. Una sociedad de conocimiento es la que se nutre de sus diversidades y capacidades; debe garantizar el aprovechamiento compartido del saber; la difusión de las nuevas tecnologías que crean un círculo virtuoso en progreso de los conocimientos y los valores y prácticas de la innovación tiene un valor importante. (UNESCO; 2005).

    El hecho más sobresaliente de la sociedad contemporánea es que cada más basa su desarrollo en la capacidad de producir, difundir y transferir conocimientos y siguen siendo las universidades públicas las instituciones principales en donde se realiza esta tarea.

    El conocimiento se constituye en el elemento esencial no sólo para promover el crecimiento económico por medio de la formación de los trabajadores sino para cerrar las brechas sociales colaborando con la solución de los problemas que plantea una sociedad estratificada.

    En síntesis, conocimiento y equidad son un binomio indisoluble a perseguir como misión central de nuestras instituciones.

    La equidad como principio de justicia supone en el campo de la educación superior la incorporación de nuevos sectores de población a los beneficios de la educación del más alto nivel. La ampliación en el acceso supone atender a alumnos cada vez más heterogéneos en edad, capital cultural previo, trayectorias diversas de su educación secundaria, dedicaciones parciales al estudio o iterativas. Estar en contra de la segmentación elitista no debe llevar a una homogenización empobrecedora. Por lo cual el desafío siguiente es como asegurar una educación masiva de calidad.

    Una educación de calidad, desde nuestra perspectiva, hace referencia tanto cuestiones cognoscitivas como a cuestiones éticas en los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza.

    Con respecto al conocimiento es importante tanto el “saber que” como el “saber como”, es necesario que los estudiantes adquieran competencias que le posibiliten ser mejores trabajadores pero también mejores ciudadanos. Y como el conocimiento se vuelvo obsoleto rápidamente el estudiante debe desarrollar competencias para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida.

    Desde el punto de vista de la enseñanza plantea una permanente y urgente necesidad de atender a la capacitación permanente de los docentes, a la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de la educación que permitan un aprendizaje en espacios y tiempos diversos, a modelos didácticos renovados que se adapten a grupos de alumnos cada vez más heterogéneos con necesidades y trayectorias previas diversas.
    Los estudios superiores – tanto los universitarios como los terciarios – son un espacio de apertura personal, intelectual y ética al mundo del conocimiento. El estudiante no sólo se prepara como profesional, sino que adquiere responsabilidades como la de elegir por sí mismo y la de asociarse con otros en proyectos comunes.

    Finalmente, no puede haber una educación de calidad sino está vinculada a la producción de nuevos conocimientos y es aquí la que la investigación tiene un papel estratégico en el desarrollo humano.

    La producción de conocimientos contribuye a la formación de profesionales creativos y capaces de resolver problemas que plantea los cambiantes contextos económicos y sociales. Pero la producción de nuevos conocimientos requiere de aportes interdisciplinarios. El abordaje de temáticas como el medio ambiente, las nuevas marginaciones sociales, entre otros, plantean la necesidad de miradas desde los aportes teóricos y conceptuales que se crean a partir del entrecruzamiento de varias disciplinas borrando sus fronteras.

    Desde lo científico, fomentamos la transdisciplina, derribamos las fronteras burocráticas que aún separan la ciencia natural de los estudios sociales, establecimos canales abiertos e idóneos de interconexión entre las facultades y los departamentos. Ofrecerle al estudiante, más que una carrera, un entorno integrado y plural que estimule su imaginación y lo anime al estudio.

    Nuestra región es todavía débil en la producción y transferencia de conocimientos, por ello, otro desafío que se le plantea a las universidades es la creación redes institucionales colaborativas para potenciarse mutuamente mediante la asociación de programas e intercambio de docentes e investigadores y la formación compartida de estudiantes.

    Finalmente, en un mundo globalizado la universidad como institución crítica de la sociedad debe propender al afianzamiento de una identidad cultural latinoamericana. Las universidades a través de la difusión de sus saberes tienen una función cultural en la difusión de modos de interpretar y valorar el mundo natural y del social. Por todas las razones cual la educación superior tiene que ser considerada un bien público y social y no una mercancía regida por las leyes de la oferta y demanda de la economía.

    En consecuencia, el Estado debe asumir como responsabilidad principal e indelegable la promoción y financiamiento de la educación superior y, como contrapartida las instituciones de este nivel de enseñanza deben asegurar una educación de calidad y que sea permeable a las necesidades sociales.

    La Universidad es uno de los ámbitos naturales de la experiencia democrática. Una experiencia abierta, siempre incompleta, que se actualiza en sus objetivos y que considera cada plano alcanzado en materia de justicia, inclusión y calidad ciudadana como una plataforma para alcanzar el siguiente.

    Muchas de los desafíos que planteamos tuvieron se vieron reflejadas en la políticas consensuadas que surgieron de la Conferencia Latinoamericana de Educación Superior celebrada en Cartagena de Indias en el año 2008 y luego se reafirmaron en la Conferencia de París celebrada durante el año en curso. De ellos destacamos, “considerar a la Educación Superior como un bien público y una estrategia imperativa para todos los niveles de educación y fundamento de la investigación, la innovación y la creatividad, por lo tanto, debe ser un tema de responsabilidad y apoyo económico para todos los gobiernos”. Desde la universidad debemos comprometernos en que “la educación superior tiene la responsabilidad social de incrementar nuestro el entendimiento en distintas dimensiones como son lo social, económico, científico y cultural; así como nuestra capacidad de respuesta frente a ellas, para el beneficio del conjunto de la sociedad”. Finalmente, consideramos como lo hicieron los representantes de la comunidad universitaria mundial en Paris que “la Educación Superior debe no solo dar herramientas sólidas para el mundo presente y futuro, sino contribuir a la educación de ciudadanos éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia”. (Comunicado Final de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009, UNESCO)

  6.  
    Darío Villanueva, USC (España) dijo:
    17 de abril de 2010 - 17:02

    Felicito al rector Albor Cantard por su ponencia, con la que estoy abiertamente de acuerdo. Tan solo añado unas reflexiones, provocadas por una nueva Ley que se tramita en España, sobre el aspecto concreto de la Universidad y la Economía sostenible.
    Efectivamente, en España, el primer consejo de ministros de 2010 acaba de acordar la remisión del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible al Consejo de Estado y otros órganos consultivos como la Comisión nacional de la competencia, el Consejo económico y social, la Comisión del mercado de valores, el Banco de España o el Consejo general del poder judicial. Pero tan importante como el dictamen de cada uno de estos organismos sería el que elevase el Consejo de coordinación universitaria. Porque después de leído este extenso anteproyecto, e independientemente de la suerte parlamentaria que le espera, podemos adelantar ya que probablemente después de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 ningún otro texto legal podría tener mayor influencia que éste en el desarrollo futuro de nuestras Universidades.
    En su título preliminar se define la economía sostenible como aquella que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales. Y entre los ocho principios fundamentales que enumera para regir la acción de los poderes públicos, se menciona expresamente el fomento de la capacidad innovadora de las empresas, pero también la extensión y mejora de la calidad de la educación y el impulso de la formación continua.
    En este sentido, varios capítulos del segundo de los tres títulos de la Ley, dedicado a la competitividad, tratan expresamente de la Universidad, la investigación y la transferencia de resultados de la actividad investigadora. ¡Aleluya!: por fin nuestros poderes ejecutivo y legislativo, tras tanta palabrería previa al “fuese y no hubo nada”, parecen tomar en serio la relación entre la ciencia y la investigación y el cambio del modelo productivo. Sería una triste paradoja que en la Sociedad del conocimiento hacia la que nos encaminamos, las Universidades, que son auténticas “factorías de conocimiento”, quedasen al margen, ensimismadas, sin transmitirlo a la Sociedad para enriquecerla (no solo materialmente). Pero tampoco olvida este anteproyecto otro capítulo dedicado a la enseñanza superior integrada y la movilidad entre la formación profesional superior y la universitaria.
    A estas alturas del partido, nadie es tan ingenuo como para pensar que una mera Ley, por extensa y ambiciosa que nos parezca, vaya a ser capaz de transformar la realidad precaria en Jauja. Del dicho al hecho va mucho trecho, y todos, por caso, recordamos que la L. R. U. establecía hace la friolera de veintisiete años que las Universidades deberían “disponer de recursos suficientes para el desempeño de las funciones que se les hayan atribuido”, cuando la verdad es que hoy están como quien dice a la luna de Valencia.
    Dichas funciones, según el resumen ejecutivo el documento ESTRATEGIA UNIVERSIDAD 2015 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se cifran en tres: Formación, Investigación y Transferencia de conocimiento y tecnología, a las que no debe dejar de añadirse la clásica misión universitaria de la creación y transmisión de la cultura. Pues bien: lo que en la LRU era el tímido pero decisivo avance concretado en el famoso artículo 11, por el que se autorizaba a los departamentos e institutos universitarios para contratar con entidades públicas o privadas la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, encuentra ahora en este nuevo anteproyecto de Ley su cabal desarrollo como uno de los pilares de la economía sostenible que se propugna.
    Si esta nueva Ley en ciernes está llamada a construir un futuro que todos desearíamos que no se quedase en papel mojado, obligado es reconocer también que responde a experiencias previas realizadas en algunas universidades. Entre ellas, la Universidad de Santiago de Compostela se distinguió, desde hace ya tres lustros, por desarrollar un entramado institucional al servicio de una transferencia de conocimiento para una economía sostenible a base de su Centro de innovación y transferencia de tecnología CITT, su Sociedad gestora de intereses UNIXEST, su incubadora de empresas UNINOVA, su plan de emprendimiento UNIEMPRENDE y su Sociedad de Capital Riesgo UNIRISCO.

    DARÍO VILLANUEVA, exrector de la USC

  7.  
    Aurelio Villa Sánchez dijo:
    20 de abril de 2010 - 22:36

    Nadie pone en duda, que la labor de las universidades tiene que ser ayudar a la transformación social. Y en una situación como la actual, con unas desigualdes entre los distintos sectores de la población, distintas situaciones económicas de países y pueblos, y la mdisficultad de acceso a la educación supoerior de sectores sociales vulnerables y de población excluida, las universidades deben considerar estos aspectos como una función clave de su dimensión social. Estamos faltos de estudios e investigaciones serias que analicen el impacto de la diemnsiónsocial de las instituciones universitarias y su contribución a la transfornmación social de su región. Muchas universidades plantean en su misión, visión y sus propios planes estratégicos, algunas de estas actividades pero son muy escasas aquellas que pueden ofrecer datos concretos del seguimiento de estas actividades y menos aún de su impacto social

  8.  
    Víctor Cuadros Ojeda dijo:
    28 de abril de 2010 - 2:19

    El tema planteado es de suma importancia,y que bien que este puesto a debate, en donde se destaca varias ideas fuerza, sobre todo el papel que la educación superior debe asumir. En el Perú existe el Acuerdo Nacional y está considerada como política pública el tema planteado.

    El lema de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan (UNHEVAL), precisamente es: Universidad-Sociedad-Empresa. En lo que respecta a Universidad-Sociedad, partimos considerando que es evidente que la Universidad está ubicada dentro de la sociedad y tiene, por lo tanto, tareas importantes que cumplir. Es así, que la su visión de lo que le ocurre a la sociedad es de suma importancia, pues cuenta con los instrumentos de análisis indispensables para buscar soluciones y una verdad que hay que ir decubriendo todo el tiempo. Considero que lo más importante es que hay que hacer que la sociedad esté dentro de la universidad, lo cual significa que no se puede pensar en una universidad que no tenga las puertas abiertas a las necesidades de la población. Es decir, la realidad social tiene que formar parte de la vida universitaria y, desde ella, la universidad debe pronunciarse sobre las transformaciones que la sociedad necesita. Pero este aporte debe estar orientado a tener una sociedad más justa, equitativa, solidaria, en el que los miembros de la sociedad podamos llevar una convivencia más humana.

    Tal es así,que la UNHEVAL, si bien está ubicada en la capital de la Región Huánuco, en los últimos años, en convenio con los municipios provinciales y/o distritales, se han instalado secciones de tres carreras profesionales, educación, agronomía e ingenieria agroindustrial. Se tiene que tener en cuenta, según el Mapa de Pobreza del Perú, Huánuco esta ubicada dentro de las 5 Regiones más probres del país y algunas de sus provincias en extrema pobreza. La economía de la Región es eminentemente agricola con una geografía muy accidentada. Se esta dando la oportunidad a que los hijos de los campesinos y de otros grupos poblacionales, cuyos recursos económicos no les permiten acceder a la capital, obtengan una profesión, desarrollen sus capacidades, competencias, efectuen transferencia tecnológica, puedan crear nuevos conocimientos, entre otros aspectos, y de esta manera se esta contribuyendo con el desarrollo socio-económico de esos esos espacios.

    Rector de la UNHEVAL

  9.  
    Luis Téllez dijo:
    29 de abril de 2010 - 1:42

    Estimados organizadores:
    Se que estoy fuera de tiempo para enviar una ponencia, pero la tengo lista por si acaso, con el nombre de:
    “Modelo para detrminar la tasa de retorno al Estado de la inversión en educaciópn superior tecnológica pública”, a mi juicio, podría incluirse en el tema: “La educación superior y el conocimiento, como factores de inclusión y cohesión social”

    Agradezco vuestra respuesta cualquiera que sea.

    LTR

  10.  
    John Jairo Arboleda dijo:
    29 de abril de 2010 - 13:32

    LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA DE EXCELENCIA COMO FACTOR DE EQUIDAD Y DESARROLLO REGIONAL
    John J. Arboleda, Director de Regionalización, Universidad de Antioquia, Colombia
    Es común encontrar en el contexto latinoamericano, unas condiciones socio-económicas similares a las descritas en estos ensayos. En este contexto toma la educación superior una importancia relevante en procesos de inclusión y cohesión social en nuestros países. Por largos años se han venido desarrollando estrategias y modelos productivos, que en la mayoría de casos ya han alcanzado límites a sus posibilidades y muy por el contario se encuentran ya en plena decadencia o incluso en desuso; se caracterizaban estos modelos por el escaso valor que se le agregaba a los productos y una atención enorme al producto mismo; hoy las cosas han cambiado radicalmente y el siglo XXI nos impone nuevos retos que será necesariamente enfrentar con estrategias diferentes. Dentro de este nuevo marco, la educación superior y diría mejor el proceso educativo, toma una gran importancia para afrontarlos con alguna posibilidad de éxito. Pero en nuestros países la exclusión y falta de oportunidades hacen parte importante de la realidad; tenemos en un mismo país, provincia o departamento al menos dos o tres poblaciones que comparten territorio pero no están sometidas a las mismas condiciones sociales para vincularlos al sistema educativo y luego al productivo que permita generar desarrollo. Tenemos ciudades importantes con gran concentración de oportunidades e instituciones que promueven el acceso de las clases sociales menos favorecidas a estas oportunidades, pero persisten en estas “macro-ciudades” altos porcentajes de pobreza y miseria; y otros pequeños municipios o “micro-ciudades” en los cuales la exclusión, la marginalidad y la falta de oportunidades son el día a día, y en las cuales la educación superior es un sueño aún por realizar. Es necesario entonces desarrollar estrategias que permitan cerrar en algo esa gran brecha de desigualdad que impera en nuestros países y ahí la educación superior pública de excelencia y con responsabilidad social pueda hacer un gran aporte como estrategia de desarrollo local y regional, esto es que se encargue de formar el talento humano local y regional, en su propio terreno, para que ellos, una vez formados, se ocupen de jalonar procesos de desarrollo autóctonos y con los mismos conciudadanos como protagonistas del mismo, ahí el tema de pertinencia, el emprendimiento y la innovación serán palabras claves de esta meta. El otro gran aporte que debe hacer la educación superior pública de excelencia, es a la equidad, ofrecerle a los jóvenes de esas regiones la oportunidad real de estudiar en una excelente institución, sin la cual no habría ninguna posibilidad de acceso a la educación superior; es obligatorio para nosotros los directivos universitarios públicos, aumentar las tasas de cobertura regional, conservando la calidad, para que con formación de alto nivel, con programas pertinentes y cercanos a las clases sociales bajas se pueda trazar el camino para el desarrollo sostenible y sustentable; pues como se lee en uno de los escritos de este mismo tema…”resulta imposible concebir desde el punto de vista de un modelo de desarrollo sustentable que una sociedad conviva con la marginalidad, la pobreza, la exclusión, la violencia y el totalitarismo”; considero que para romper el modelo existente, la educación superior es un actor clave de inclusión social si se hace con excelencia académica e investigativa; pertinencia y responsabilidad social, pues al final nos queda como tarea: “pensar y reflexionar en la sociedad del mañana”, pero es igualmente importante que actuemos ya! para los logros futuros.

  11.  
    Inés Praga dijo:
    30 de abril de 2010 - 8:47

    Comienzo felicitando al Rector Albor Cantard por sus valiosas aportaciones y procedo a aportar mi reflexión sobre este tema tan trascendental . Para ello quiero basarme en el compromiso adquirido por las universidades españolas al asumir el Código de Conducta de las Universidades en Materia de Cooperación al Desarrollo, documento elaborado por el CEURI CRUE en 2006 . A lo largo de 6 apartados y 31 artículos dicho texto proclama el compromiso institucional para hacer de la Cooperación al Desarrollo un componente estructural de la actividad y la vida académica, plasmándose en las actividades universitarias esenciales como son la investigación y la docencia. Si la función genuina de nuestras instituciones es generar y transmitir conocimiento, esta debe tener como principal objetivo reforzar su función social tal como refleja el artículo 4 :”La educación de las personas y, dentro de ella, la educación superior, es un componente fundamental del proceso de ampliación de oportunidades y libertades de las personas y las sociedades. En consecuencia, el fortalecimiento de los sistemas universitarios y el fomento del acceso a los estudios universitarios constituye un objetivo esencial de la Cooperación Universitaria al Desarrollo”.
    De acuerdo a lo anterior, se entiende la Cooperación Universitaria al Desarrollo como el conjunto de actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y orientadas a la transformación social , en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el mundo, transformación en la que el fortalecimiento institucional y académico tienen un importante papel.
    La cooperación al desarrollo de las universidades, al igual que la de otras instituciones y agentes sociales, constituye una actividad inserta en el contexto de las relaciones internacionales y en estrecha relación con las políticas globales que determinan los procesos de desarrollo, sobre las que pretende influir. Ello requiere una coherencia general entre los objetivos de largo plazo y las acciones concretas que se llevan a cabo, así como entre los resultados perseguidos y los medios empleados.
    Estos objetivos deben centrarse en tres ámbitos diferentes, aunque ambos resultan complementarios en la práctica :
    - la propia comunidad universitaria, que debe recibir jornadas de sensibilización y sobre todo de formación en materias como sostenibilidad medioambiental, políticas de igualdad y otras afines ,integradas transversalmente en todos los títulos de la universidad, de manera que el alumno obtenga una formación en valores humanos y una capacitación para aplicarlos y añadirlos a la función laboral o social que desempeñe en el futuro.
    - El tejido social en el que se inserta la universidad, que debe actuar como un agente de cambio y colaborar en cuantas iniciativas ciudadanas o regionales conduzcan a una mayor equidad e igualdad de oportunidades . En este sentido debe promoverse el acceso a las clases sociales más desfavorecidas y en concreto en España a la inserción de los distintos colectivos inmigrantes . Del mismo modo debe fomentarse una política de becas que posibilite la movilidad de todas las clases sociales ya que hoy sólo puede ser disfrutada por la clase media alta.
    - El fortalecimiento institucional de universidades de países del Sur , entendiendo por ello la oferta de todos nuestros recursos, tanto humanos como materiales, al servicio de la generación y transferencia de conocimiento tal como refleja el artículo 1 del Código: La participación de las Universidades en la cooperación internacional al desarrollo descansa en la consideración de este último como un proceso de progreso y cambio social, económico, político, cultural, tecnológico, etc. que, surgido de la voluntad colectiva, requiere la organización participativa y el uso democrático del poder por los miembros de una colectividad. Esta organización participativa debe promover la movilidad del profesorado y el alumnado en ambas direcciones – del Norte al Sur y viceversa- que debe ser cuidadosamente programada y aplicada, así como la conveniencia de demarcar ámbitos y objetivos .Una consideración básica es la homogeneidad de las universidades que establezcan una cooperación , en el sentido de que los recursos de una encajen con fluidez y eficacia en la otra y el segundo requisito sería la continuidad en las acciones emprendidas .En otras palabras , reforzar la concentración y evitar la dispersión de recursos y esfuerzos , lamentablemente tan frecuente.

    Inés Praga . Universidad de Burgos .

  12.  
    universidad de tijuana dijo:
    30 de abril de 2010 - 18:45

    LAS POSIBILIDADES DE INNOVACIÓN EN ÉPOCAS DE CRISIS Y SU APLICACIÓN EN TIEMPOS DE PROSPERIDAD.
    Por: Profr. Jesús Ruiz Barraza.
    RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE TIJUANA

    ¿POR QUÉ LAS POSIBILIDADES DE INNOVACIÓN AUMENTAN EN ÉPOCAS DE CRISIS?
    La innovación se relaciona con las necesidades que el individuo puede sentir y las cosas que es capaz de imaginar y ambicionar. La sociedad, sus clases y grupos, son un inacabable proyecto, hechura o invención de su absoluta libertad. Crea lo inesperado a partir de lo determinado, combina el riesgo y la necesidad, la frustración y el deseo, la insatisfacción y la creación superadora, inocula contra el conformismo, pero también contra el optimismo superficial y mecánico, y a la vez contra el pesimismo y la desesperanza. En su aspecto interactivo, se considera la innovación no como un fenómeno unitario sino como un complejo contexto social global, donde se toma en cuenta su influencia sobre las actitudes y conductas de los individuos al actuar como agentes socializadores, intercambiando recursos, información y energía. Lo que ocurre es que al actuar el individuo descubre al otro, limitador o amplificador de la propia libertad de pensar y actuar, según como se mire, es precisamente en sus relaciones con los otros cuando el fenómeno humano se manifiesta en toda su plenitud. La innovación genera una fermentación que corroe y disuelve las viejas formas caducas pero efectivamente obstaculizantes, disemina ideas y valores para la legitimación, apoyo y continuidad de las ideologías que surgen de las mentes de individuos de imaginación y recursos, conformando y reforzando actitudes, pero también aportando formas que guían las actividades de los individuos o grupos.
    Lo que podemos decir acerca del sentido de las fuerzas en que puede efectuarse la innovación, es que en la mayoría de los casos el desarrollo y la innovación son decisiones estrechamente relacionadas, y aunque la aplicación de las innovaciones y su utilización más difundida se intensifica en tiempos de prosperidad, no existe razón alguna para sostener que del mismo modo en que su aplicación aumenta durante el curso de la expansión, también lo harán las posibilidades de innovación. Por el contrario, es más probable que estas últimas, tengan mayor lugar en épocas de recesión, debido a que las alteraciones en la escasez relativa de diferentes factores, tienden a estimular una respuesta inventiva bastante rápida y una confianza fortalecida en las capacidades propias que no surgirían de otro modo.

  13.  
    Eduardo R. Saguier dijo:
    06 de mayo de 2010 - 6:32

    La Mala Praxis en la Educación y la Ciencia Argentina.

    Contubernio, Malversación, Vaciamiento, Gatopardismo y Censura

    por Eduardo R. Saguier

    Índice

    I.- Introducción

    II.- Contubernio en la triangulación de reciprocidades entre autoridades de organismos públicos. Infunden miedo

    II-a.- Los socios gerenciales, sectoriales y subalternos

    II-b.- Los socios necesarios del silencio.

    II-b-1.- La indiferencia de los políticos y el plato de lentejas

    II-b-2.- La complicidad de la justicia y las calendas griegas

    II-b-3.- La connivencia del periodismo y la fijación del canon académico

    II-c.- Las víctimas del proceso defraudador

    III.- Malversación de un empréstito externo multimillonario

    IV.- Los vaciamientos legales y académicos

    IV-a.- El dispositivo inconstitucional del Conicet y el Decreto 1661/96

    IV-b.- La implosión académica y la mudanza de los científicos en tecnólogos

    V.- El “gatopardismo académico” y la continuidad de la nomenklatura

    VI.- La decadencia del aparato científico-universitario argentino.

    VI-a.- La censura institucionalizada y la desinversión en la infraestructura científica

    VI-b.- El atraso estructural, espacial, tecnológico y financiero

    VI-c.- La extorsión presupuestaria en las universidades del conurbano bonaerense

    VII.- Etiología de las conductas gatopardistas

    VIII.- El “huevo de la serpiente” y la mordedura de cola

    IX.- El éxodo de científicos o fuga de cereb ros

    X.- Un mensaje de resistencia

    I.- Introducción

    El objeto de este trabajo persigue desentrañar el enigma de la mala praxis institucionalizada en el aparato científico-educativo argentino. Para ello nos hemos propuesto analizar los mecanismos de contubernio, malversación, vaciamiento, gatopardismo y censura que progresivamente se fueron adueñando de dicho aparato. Su supuesto distanciamiento no lo sería porque dicho aparato esté alejado de la sociedad (que lo está y con creces), sino porque habiendo sido manipulado desde el Menemato por los sucesivos gobiernos (Alianza, Duhalde, Kirchner), ha derivado en un creciente debilitamiento, enajenación y corrupción de los organismos de la ciencia, de los claustros docentes universitarios de todo el país y de los planteles de docentes-investigadores.

    La responsabilidad que se había consumado con la mala praxis desplegada complicaría judicialmente en grado diferencial a diversas autoridades de distintos organismos públicos y de distintos gobiernos. La asignación de esa responsabilidad, a su vez, estaría en medio de una pugna histórico-política entre dos modelos antagónicos, el modelo francés (CNRS) vis a vis el modelo norteamericano (NSF y NEH).

    Para el estudio de este complejo y extenso trauma nos hemos propuesto entonces desarrollar un análisis puntual, fragmentado en una decena de secciones y sub-secciones que se concatenan estrechamente. Luego de una breve introducción, la segunda sección se refiere a un contubernio en la triangulación de reciprocidades entre autoridades de organismos públicos, dirigida a defraudar la investigación científica, que incluye los socios gerenciales, sectoriales y subalternos, seguidos por los socios necesarios del silencio (políticos que se venden por un plato de lentejas, complicidad de la justicia por su morosidad, y connivencia del periodismo y fijación del canon académico), y por las víctimas de este proceso. La tercera sección alude a la malversación de un empréstito externo multimillonario. La cuarta sección se refiere a los vaciamientos legales y académicos, a sus variantes inconstitucionales en el dispositivo jurídico (Decreto 1661/96), y a la condición de científicos y su mudanza en tecnólogos.

    El “gatopardismo académico” y la continuidad de la nomenklatura se discute en la sección quinta. La sexta sección se centra en la creciente decadencia del aparato científico-universitario, expresada en: a) el vaciamiento cultural producido por la desactualización y desinversión en bibliotecas, laboratorios y centros de cómputos; b) el atraso estructural, espacial, tecnológico y financiero; y c) las extorsiones político-presupuestarias practicadas con las universidades del conurbano bonaerense. La etiología de las conductas gatopardistas, censoras, limitacionistas y discriminatorias están comentadas en la séptima sección. La octava sección alude a la “huevo de la serpiente” y a la mordedura de cola en el origen y el destino de la decadencia argentina. El éxodo o fuga de cerebros está desarrollado en la novena sección. Y para finalizar, la última sección brinda un mensaje de resistencia.

    II.- Contubernio en la triangulación de reciprocidades entre autoridades de organismos públicos. Infunden miedo

    El aparato educativo y científico ha dado lugar a la existencia de un contubernio (maquinación conjunta y entrelazada) en la triangulación de reciprocidades entre autoridades de diversos organismos públicos que en la comunidad científica vienen produciendo un creciente sentimiento de miedo individual y colectivo. Este contubernio combina simultáneamente: a) los incentivos y sus categorizaciones, otorgados por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) dependiente del Ministerio de Educación, con la supervisión de la Agencia; b) las credenciales para operar universidades y programas de maestría y doctorado, otorgadas por la CONEAU; c) los ascensos en las carreras de Investigador y Becario del CONICET; d) las autorizaciones de asesorías o consultorías y de contratos a investigadores jubilados otorgados por el Directorio del CONICET; y e) los subsidios de investigación otorgados por la Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), procedentes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    Vamos a entender porqué existe miedo en el sistema científico argentino, si entendemos como operan sus interlocutores. Para eso hemos bosquejado un esquema donde se señalan quienes son los principales actores en este complejo entramado en que se ha sumido la elite académica argentina, y que comprende a nueve actores y sus correspondientes víctimas. Los primeros, los más claves, son los socios gerenciales, luego le siguen los socios capitalistas, los sectoriales, los subalternos, y los socios necesarios del silencio (política y justicia, periodismo), y finalmente las victimas y el escenario sacrificial de este proceso, al que nos atrevemos a denominar gran corralón o “castillo de Kafka”, para no utilizar la metáfora del campo de concentración.

    II-a.- Los socios gerenciales, sectoriales y subalternos

    El socio gerencial o principal que es la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT) fue concebido en tiempos de Menem por el Banco Mundial, y fue montado durante el “menemato” a partir del “Pacto de Olivos” y la promulgación de la Ley de Educación Superior (LES), y está gobernado por un Directorio integrado por nueve miembros (Cherep de Guber, Cassanello, León, Blasco, etc.). La Agencia es un organismo “desconcentrado” (sic) pretendidamente diseñado a imagen y semejanza del modelo norteamericano (NSF), pero que no depende del Congreso sino de del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (de ahora en más Ministerio de CyT). Debe aclararse que la denominada Agencia no es una fundación nacional o extranjera a la cual se le solicita un subsidio, lo cual sería perfectamente legítimo, sino un organismo del propio Ministerio de CyT, carente de autonomía y directamente dependiente del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que nada tiene que ver con el modelo yanqui, el cual más bien está ligado al Congreso; y para mayor escándalo opera con préstamos otorgados por un organismo multilateral de crédito (BID), que lo debe pagar el pueblo argentino en su conjunto. Sugestivamente, la mayoría de los postulantes a subsidios de investigación pertenecen también a otro organismo del mismo Ministerio, el CONICET.

    Amén del socio gerencial y el socio capitalista, que es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que puso mil millones de dólares en trece (13) años; también hay socios sectoriales, pues toda esa maniobra fraudulenta fue posible mediante un intercambio y triangulación entre las autoridades de varios organismos del aparato científico-educativo, que son: a) los Directorios de la Agencia (medio centenar de Coordinadores) y del CONICET (Rapela, Siñeriz, Girbal, y sesenta miembros de las Comisiones Asesoras), que dependen del Ministerio de CyT; b) el Directorio de la CONEAU (Villanueva, Krotsch), que depende del Ministerio de Educación y que detenta el monopolio de las acreditaciones en los programas de doctorado y maestría (habría que restringirle sus funciones limitándolas a las carreras donde sólo esté en juego la salud y la seguridad públicas); c) la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU), que depende del Ministerio de Educación, que otorga las categorizaciones para los incentivos, y es supervisada directamente por la Agencia (ANPCYT), e indirectamente por la CONEAU a través de las acreditaciones de los programas de Maestría y Doctorado; y d) los Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales (Campi, Fidelio, Ermácora, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Turyn, Sordelli, Boveris) que supuestamente deben ejercer el control de los subsidiados. Tenemos por tanto una calesita (o intercambio) en la que las autoridades de diversos organismos públicos –de distinta entidad legal pues unos son más colegiados, autárquicos y autónomos que otros– han triangulado ilícitamente con persistencia en el tiempo sus propias comparecencias y sus reciprocidades, para beneficiarse personalmente con ascensos y sobresueldos, disfrazados de subsidios de investigación, y producir así un fraude a la ciencia y la cultura argentinas.

    En materia de funciones, el Secretario de Políticas Universitarias es el que asigna, supervisado por la Agencia y la CONEAU, la categorización para el cobro de los incentivos (algo que habría que eliminar compensándolo con un correspondiente aumento salarial) que se extiende a treinta mil docentes-investigadores, donde las más altas categorizaciones van a los profesores titulares regulares que cuentan con dedicación exclusiva. El Directorio del CONICET (ente supuestamente autárquico del Estado Nacional en jurisdicción del Ministerio de CyT, con gobierno propio y cuya estructura organizativa fue aprobada por Decreto del PEN) aprueba o rechaza los Informes Periódicos y promueve o confiere ascensos a seis mil investigadores, siete mil becarios, y dos mil quinientos técnicos de personal de apoyo. El Directorio de la Agencia o ANPCYT –que aunque colegiado no es autárquico ni autónomo y es designado enteramente por el PEN y no por el Congreso como es en USA– es el que aprueba o rechaza proyectos de subsidios a un millar de investigadores, de los cuales dos cientos cincuenta son autoridades directivas. El Directorio de la CONEAU (organismo descentralizado pero ni autárquico ni autónomo que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación) es el que acredita programas de maestría y doctorado donde enseñan los profesores que cuentan con los incentivos de la SPU y los subsidios de la Agencia. Y las Secretarías de CyT de las Universidades Nacionales (funciones unipersonales dependientes de las Universidades, organismos colegiados que cuentan con autonomía garantizada por la Constitución Nacional), son las que supuestamente deben auditar a los docentes-investigadores subsidiados por la Agencia.

    En ese entramado sumamente heterogéneo y contradictorio, el Directorio de la Agencia cumple un rol motor y disciplinador, que consiste en aceitar reiteradamente con subsidios de investigación a los Investigadores que se presenten y estén calificados, y no a instituciones de la infraestructura científica, como podrían ser bibliotecas, laboratorios, editoriales, archivos y museos. Para tener un subsidio de la Agencia los aspirantes tienen que llenar complejos formularios electrónicos. Los subsidios de la Agencia son monumentales, de casi trescientos mil pesos, y hay algunos que obtuvieron subsidios de trescientos sesenta y cinco mil (365.000) pesos.

    En los listados de beneficiarios de subsidios correspondientes a las sucesivas convocatorias de la Agencia, amén de numerosas autoridades de organismos pertenecientes al sistema científico-educativo (Villanueva, Rapela, Siñeriz, Girbal, Campi, Fidelio, Ermácora, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Turyn, Sordelli, Boveris, etc.) se identificaron a aquellos investigadores que más recursos recibieron. En ese sentido, en las ciencias sociales se detectó a Marcos Novaro, científico político, profesor de la Universidad de San Andrés donde tiene un elevado salario, quien cobró un subsidio de la Agencia de trescientos sesenta y cinco mil (365.000) pesos; y en el Instituto Gino Germani, al sociólogo Fortunato Mallimacci, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, quien recibió otros trescientos sesenta y cinco mil (365.000) pesos. Esas son las cifras más altas que se han visto.

    También se identificaron a los beneficiarios de subsidios que se repiten. Son como una docena de subsidiados que se repiten cuatro veces [Altamirano, Arregui, Cukierman, Elizalde de Brecco, Fossati, Frasch, Podestá, Prat Gay, Poderoso], treinta y cinco (35) que se repiten tres veces [Aschero, Ballare, Berretta, Boccaccio, Bouzat, Castellani, Cerdán, Ceriani, Echave, Elizalde, García Vescovi, Geffner, Goya, Guiamet, Guido, Lagares, Lamattina, Lorandi, Malchiodi, Mattea, Medan, Palermo, Parodi, Podhajcer, Rubinstein, Salvia, Schinder, Soncini, Walsoe de Reca, Zerba], y doscientos ochenta y tres (283) que se repiten dos veces, entre los cuales figuran también los Coordinadores Eduardo Cánepa, Rodolfo Sánchez, Héctor Targovnik, Mario G. Murer, Osvaldo Uchitel, Carlos M. Previtali, Analía Artabe, María Isabel Colombo, Beatriz Coira y Amelia Rubiolo.

    Más clandestinamente se advierte la concupiscencia del nepotismo, pues entre los beneficiarios hay cónyuges, cuñados, concuñados, suegros, yernos y nueras de suegros y también consuegros. En la Universidad Nacional de Rosario contamos con los subsidios otorgados al biólogo Ricardo Duffard y a su esposa la tecnóloga del medio ambiente Ana María Evangelista de Duffard, que suman más de medio millón de pesos. Y en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas, al físico y Consejero de la Facultad Juan Pablo Paz, le fue otorgado por la Agencia dos subsidios pero no por ser un físico célebre sino porque es Consejero de la Facultad. Su mujer, que se llama Ponce Dawson, también recibió dos subsidios de la Agencia. Entre ambos, marido y mujer, que están separados pero que tienen dos hijos en común, han cobrado más de un millón de pesos.

    Por último, entre los socios subalternos de esta hipotética asociación ilícita, estarían numerosos investigadores subsidiados. Esto es muy sugestivo porque se sospecha que existe un pacto mafioso entre ciertos funcionarios, que son los responsables de hacer el control de gestión, y los investigadores subsidiados que no resistirían una investigación. Por ese motivo el juez federal que investiga esta denuncia debería ordenar una intervención judicial y cruzar toda la información de los subsidiados con el Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro de la Propiedad del Automotor, porque existe la grave sospecha de que muchos de estos dineros fueron a parar, no a la investigación sino al bienestar material de cada uno de los investigadores beneficiados con subsidios.

    Finalmente, esta estructura –que también está apuntalada por numerosos decretos reglamentarios– fue heredada primero por la Alianza y luego por Duhalde y el “kirchnerismo” y nunca fue reformada ni legislada. No obstante su brevedad, la gestión de la Alianza, bajo la conducción del Lic. Caputo, pretendió inútilmente liquidar el CONICET. Por el contrario, la gestión de Duhalde, por su extrema provisionalidad no puede ser comparada con la de Kirchner, la cual aceptó sin beneficio de inventario todo el arsenal burocrático que el “menemato” había creado a instancias del consenso de Washington y del Banco Mundial, y asumió toda la responsabilidad y la culpa que se pudiera haber acumulado y que eventualmente podría configurar una asociación ilícita.

    II-b.- Los socios necesarios del silencio.

    Amén de los cómplices del contubernio (socios gerenciales, capitalistas, sectoriales y subalternos), existen los socios necesarios del silencio, que serían los políticos, diputados y senadores incluidos; los fiscales y jueces de la nación; y los periodistas de la prensa escrita, radial y televisiva.

    II-b-1.- La indiferencia de los políticos y el plato de lentejas

    En muchos casos se cierne la sospecha que la indiferencia o parálisis indagadora de los políticos y legisladores opositores (herederos de la Alianza y del Duhaldismo) obedece a intereses personales o de facción o de complicidades o claudicaciones que se remontan a las épocas en que fueron gobierno, que viene induciendo a muchos a vender su silencio por un plato de lentejas.

    Para empezar, se contactó mediante el correo electrónico al Senador Nacional Edgardo Morales, más bien a su secretaria, la que derivó el vínculo a un asesor jurídico llamado Leocadio Vilamajó. Este abogado Vilamajó dijo que estaba muy demandado por la actuación del Banco Central, que no podía tratar el tema nuestro, de manera tal que quedó postergado. También se habló con el asesor del Senador Cabanchik, el sociólogo Ignacio Llovet, con el que hubo un epistolario electrónico, pero nunca tuvo resultado alguno, ni el Senador Cabanchik hizo ningún Pedido de Informes. También fue contactado el diputado Christian Gribaudo del “Pro”. El diputado Gribaudo nos recibió en su despacho, y dijo que estaban en minoría en la Comisión pero que no podían hacer nada, y a partir de ahí nunca jamás se contactaron, nunca nos citaron para ninguna reunión. Francisco De Narváez contestó siempre electrónicamente todas las denuncias, pero tampoco hizo nunca ningún Pedido de Informe. A Margarita Stolbizer le entregamos en mano, en el hotel Castelar cuando hubo un seminario público del GEN, y ella lo miró y reconoció que lo había leído en internet, pero nunca tampoco nos llamaron ni hubo ningún interés en profundizar el tema.

    En el caso de la Coalición Cívica (CC), por dar sólo una muestra, la existencia de sospechosos parentescos despierta una razonable suspicacia. En ese sentido, existe un instituto, que se denomina Instituto “Hannah Arendt”, que pertenece a la Coalición Cívica (CC), que lo preside la licenciada Diana Maffia y en segundo lugar por Fernanda Gil Lozano. La profesora Gil Lozano también es subsidiada por la Agencia, y la señora Diana Maffia tiene una parienta, hermana o prima, que se llama Marta Mercedes Maffia, que es funcionaria del INADI y que también recibió subsidios de la Agencia, y para mayor abuso, también integra las Comisiones Asesoras del CONICET. Además está el caso de un investigador de la Fundación Campomar, actual Fundación Leloir, cuyo nombre es Gonzalo Prat Gay, que es uno de los más beneficiados por la Agencia, alcanzó a cobrar cinco subsidios consecutivos, que suman más de un millón y medio de pesos, y que tengo entendido que es el primo hermano del diputado Alfonso Prat Gay.

    De manera tal que se debe presumir que el Instituto “Hannah Arendt”, y la Coalición Cívica que lo encuadra políticamente, no investiga estos temas ni se preocupa por las denuncias porque tiene intereses creados en esta sociedad y en esta corrupción. Asimismo, en el Club Político Argentino (CPA), recientemente salido a la luz pública con el afán de participar en la lucha política, hay dos profesores, Luis Alberto Romero y Marcelo Cavarozzi, que han sido eternamente subsidiados por la Agencia y que nunca se han pronunciado sobre esta corrupción.

    También se presume que hay en la clase política argentina una suerte de “gatopardismo” para que una vez que ocurran cambios de gobierno, los que ganen sencillamente ocupen los espacios vacíos dejados por el “kirchnerismo”, sin porfiar en hacer reforma o modificación alguna. En ese sentido, la oposición ha perdido el norte y está fragmentada. Se nota haciendo zapping que los políticos de la oposición, tanto Cavanchik como Stolbizer, Carrió, Sánz o Morales, [o Pinedo, Solanas, o Juez, etc.] opinan simultáneamente de los mismos temas. Cuando el tema del Banco Central, están todos disputándose a ver quien tiene la mejor oratoria, quien dice cosas más acertadas o picantes sobre el Banco Central, y nunca nadie hace un aparte y se dedica a un tema especifico.

    En conclusión, la actual oposición política (heredera de la Alianza y del Duhaldismo) padece de una competitividad crónica para ver quien prevalece en la coyuntura, con derivaciones muy negativas para con los temas que no ocupan la agenda cotidiana del poder, verbigracia la ciencia y la técnica. No existe por tanto en la oposición una división de tareas y no se ha propuesto discutir y producir un programa político de cambio y transformación, y menos aún en el campo de la cultura, la ciencia y la educación; y ni que hablar de la educación superior, supremo tabú si lo hay de la clase política argentina.

    II-b-2. La complicidad de la justicia y las calendas griegas

    En los aparatos administrativo y judicial, los organismos fiscalizadores, que son auxiliares de la Justicia, tales como la Defensoría del Pueblo durante la gestión de Eduardo Mondino, la Fiscalía General de Investigaciones durante la gestión de Manuel Garrido, la Oficina Anti-Corrupción durante la gestión de Abel Fleitas Ortiz de Rosas, y la Auditoria General de la Nación durante la dirección de Leandro O. Despouy eludieron substanciar las denuncias formuladas en diciembre de 2005 y enero de 2006. En el caso de la Auditoría se ignora si estas denuncias se comunicaron a las Comisiones de CyT de ambas Cámaras del Congreso.

    A raíz de la denuncia también intervinieron organismos administrativos como el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) existente en el Ministerio de CyT, el cual a pesar de su pregonada autonomía carece de competencia legal para substanciar la denuncia suscitada. Sin embargo, el Directorio de dicho CECTE (Kornblihtt, Parodi, Vainstok y González Cappa), cada uno de ellos beneficiado con subsidios por la Agencia, se arrogó en 2008 la facultad de exceptuar de responsabilidad alguna en el contubernio denunciado al entonces Presidente de la Agencia y hoy Ministro de CyT Dr. Lino Barañao. El propio Barañao había reconocido en el curso de una polémica pública que había sostenido con el denunciante el año anterior (2007) que “…el listado de proyectos financiados siempre se ha hecho público para cada convocatoria y por lo tanto nunca se ocultó el financiamiento a los coordinadores”. A confesión del delito por parte de Barañao, se sigue entonces el relevo de prueba (http://argentina.indymedia.org/news/2009/06/676168_comment.php

    Y tres años después, en 2009, cuando las mismas denuncias han recaído en el Juzgado Federal del Juez Subrogante Marcelo Martínez de Georgi, la substanciación de una hipotética asociación ilícita se sigue demorando eludiendo el Juez llamar a indagatoria a los Ministros Filmus y Barañao; a los miembros del Directorio del CONICET (Girbal, Rapela y Siñeriz) y de la CONEAU (Villanueva); a los ex Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales (Campi, Fidelio, Ermácora, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Turyn, Sordelli, Boveris); y a los integrantes del CECTE (Kornblihtt, Parodi, Vainstok y González Cappa).

    Últimamente, el Juez Martínez de Georgi otorgó al denunciante la condición de querellante en lo que hace a las represalias sufridas pero le negó serlo en su propia denuncia, lo cual fue apelado, y está hoy en Cámara seguramente para las calendas griegas.

    II-b-3.- La connivencia del periodismo y la fijación del canon académico

    A diferencia de los países centrales, donde la sociedad civil (asociaciones profesionales) y el mundo académico cuentan sobremanera; en los países periféricos, la fijación del canon académico, que conlleva una ordenación y una clasificación de obras y autores, recae por lo general en un trípode conformado por el periodismo, el mercado y el estado. En esa tarea suelen ser premiados los científicos divulgadores y aquellos que son más marketineros. La crítica y la protesta pasaron a estar controladas y censuradas por ese mismo periodismo, sin llegar así a la sociedad civil y al mundo académico.

    En nuestro caso, para la denuncia, se contactaron algunos periodistas, enviándoles numerosos mails, pero nunca se tuvo la posibilidad de una entrevista personal. Hace cuatro años, desde que se interpusieron las denuncias contra la Agencia o ANPCYT ante los organismos de fiscalización, permanentemente se vino mandando mensajes a los periodistas Morales Solá, Ruíz Guiñazú, Grondona, Leuco, Eliascheff, Nelson Castro, Sietecase, Tenembaum, Van der Kooy, Zlotogwiazda, y muchos otros. Pero nunca se tuvo ni un llamado ni una respuesta, predominando un desinterés absoluto por la investigación y el comportamiento de la comunidad científica. Con el prestigio mediático que dichos periodistas tienen como comunicadores públicos, podrían perfectamente ingresar al CONICET, entrar al Ministerio de CyT, formular interrogatorios, y hacer una investigación puntual de las denuncias que existen. Los únicos periodistas que entrevistaron al denunciante fueron Nicolás Fiorentino y Silvia Paglioni, y los únicos foros educativos que recepcionaron las denuncias fueron los administrados por Romina Chávez Díaz (Salta21), Antonio Mangione (Radio Universidad de San Luis) y Martín Maglio (FMMEducación). No hay más que poner en el “Google”: “ciencia corrupción argentina”, y ahí saltan todas las denuncias. http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/58125/denuncia-de-corrupcion-golpea-a-baranao-y-el-mundo-cientifico.html

    Cuando en el 2009 recayó la denuncia penal en el Fuero Federal (Comodoro Py) ante el Juez Marcelo Martínez de Georgi se dijo que era imposible llegar a la gran prensa porque estaban todos los periodistas y los políticos ensimismados con el debate de las retenciones agrícolas, por la Resolución 125, y que era imposible cambiar de tema. Después apareció, cuando ese tema se pinchó, la Ley de Medios, y estaban todos los periodistas y los políticos concentrados con la Ley de Medios. Y después cuando se pinchó la Ley de Medios estaban todos los políticos y periodistas con las reservas del Banco Central, y nunca hubo tiempo ni oportunidad de introducir nada que fuera distinto a lo que prevalece en la agenda “kirchnerista”.

    A propósito del periodismo adulador y obsecuente, que lo hay, existe una periodista científica en el diario La Nación que se llama Nora Bär que lo único que hace es apología de las acciones del gobierno, nunca hemos escuchado de la periodista científica Nora Bär, una crítica, un comentario crítico del estado de la ciencia Argentina, todas son apologías. El profesor Pepe Eliaschev, que es también periodista, integra el Club Político Argentino (CPA), y en ese club, se depositó en el buzón de su sitio web numerosas denuncias, que tampoco se contestaron.

    II-c.- Las víctimas del proceso defraudador

    Por otro lado, hay que hacer referencia al tema de las víctimas represaliadas por los verdugos del aparato estatal, con motivo de las denuncias de fraude y peculado, pues ellas son el resultado de la estructura mafiosa, y son el testimonio que en ellas los sicarios del establishment académico han infundido miedo, un miedo generalizado y justificado.

    Miedo justificado porque a esta enorme masa de investigadores desplegada a lo largo y ancho del país, en su mayoría compuesta de personas casadas, con hijos, y los mayores incluso con nietos, no se les puede pedir actos de arrojo y de heroísmo. Es evidente que han abusado de toda esta masa de población investigadora y la han sumido en un miedo generalizado, pues nadie quiere hablar.

    Y en cuanto a los mecanismos de represalia han proliferado listas negras, mandatos ocultos y jubilaciones de oficio, que recaen en quienes no son parte de las nomenklaturas oficiales, y a los cuales para mayor orfandad el CONICET les niega contratos post-jubilatorios.

    III.- Malversación de un empréstito externo multimillonario

    Como correlato de este contubernio en la triangulación del arsenal burocrático, se produjo una malversación de un empréstito multimillonario aportado por un socio capitalista: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consistente en mil millones de dólares, entre 1997 y el 2010. En realidad son mil doscientos cuarenta millones de dólares porque el BID puso mil millones en trece años, y el estado argentino se comprometió a poner doscientos cuarenta millones más. O sea que estamos hablando de mil doscientos cuarenta millones de dólares en el término de trece años, que para la Argentina es muchísimo dinero.

    Para tener una idea de lo que significan en el campo académico mil millones de dólares, con ese dinero, a razón de cien dólares cada libro de una University Press, que son las editoriales más importantes del mundo anglosajón, se hubieran podido comprar diez millones de libros. Hubiéramos montado la biblioteca de Alejandría en la Argentina con esa fortuna. Sin embargo ¿qué es lo que hicieron con ese empréstito las autoridades del estado Argentino (Filmus, Barañao)? lo dedicaron exclusivamente a beneficiar ad hominem, es decir, a personas individuales, investigadores de las sucesivas nomenklaturas que hay en cada disciplina y en cada rama de la ciencia, así como a numerosas autoridades de cada organismo estatal vinculado con la ciencia, incluidos a los de la propia Agencia (ver http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Conicet.html

    De esas nomenklaturas resultaron beneficiados por los subsidios de la Agencia un millar de investigadores sobre un total de casi quince mil que tiene el país, repartidos entre: investigadores de carrera, becarios y personal de apoyo del CONICET, y docentes-investigadores de las Universidades Nacionales. De estos quince mil investigadores, una minoría de quinientos privilegiados fueron los reiteradamente beneficiados. De esos quinientos, la mitad o doscientos cincuenta (250) son autoridades directivas de la propia Agencia, del Directorio y Comisiones Asesoras del CONICET, del Directorio de la CONEAU, y de las Secretarías de CyT, Consejos Directivos y Juntas Departamentales de las Universidades Nacionales. Esa fortuna, que son los mil doscientos cuarenta millones de dólares, si hubiera sido invertida en bibliotecas, en laboratorios, en centros de cómputos, en editoriales, y en los archivos y museos de las universidades, hubiera transformado la cultura argentina.

    El caso de EUDEBA, la famosa editorial de la Universidad de Buenos Aires, padeció la amnesia de las autoridades de la Agencia, pues ni un solo peso fue a parar a dicha editorial la cual está cayendo en la más absoluta decadencia. Y también el Archivo General de la Nación (AGN) sufrió la amnesia de la Agencia, pues aún permanece sin poder escanear sus catálogos. El AGN reviste el cuadro más alarmante de la cultura argentina pues después de un siglo y medio –debido a la Ley de Ministerios— sigue bajo la órbita del Ministerio del Interior. Y sus catálogos, que son numerosísimos, nadie se ha propuesto escanearlos, para que el mundo académico internacional pueda tener acceso online a los mismos. Y el Teatro Colón, máxima expresión del arte escénico argentino, sigue perteneciendo al distrito porteño, cuando debería haber pasado hace décadas a la órbita nacional. Mientras tanto, la Secretaría de Cultura de la Nación sigue orbitando en el organigrama estatal como Secretaría sin ninguna perspectiva que se la ascienda a la jerarquía ministerial, como sí por el contrario ocurrió con la de Ciencia y Técnica.

    IV.- Los vaciamientos legales y académicos.

    Luego de haber analizado los actores que participaron de este contubernio y la malversación que se produjo de un empréstito internacional, se debe estudiar la estructura jurídica y académica que subyace bajo el aparato científico-educativo objeto de este acoso.

    IV-a.- El dispositivo inconstitucional del CONICET y el Decreto 1661/96

    Toda la estructura del aparato administrativo y electoral del CONICET está regida por un decreto de Menem del año noventa y seis, que es el Decreto 1661/96, que nunca se quiso legislar, y nunca se debatió en el Congreso Nacional. Esta norma, firmada por el Poder Ejecutivo, es un decreto realmente inconstitucional, y tiene defectos fundamentales, pues no contempla la representación de las minorías, y hay un abuso de poder en las intermediaciones entre el Directorio y los investigadores. (http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Unicienciaytecno/colapsopoderconicet.htm

    Los investigadores del CONICET están sujetos al despotismo del Directorio, y no existe ninguna intermediación entre este último y los Investigadores de Carrera. Los integrantes de las Comisiones Asesoras del CONICET son designados por el Directorio, y en esas designaciones los investigadores no tienen ningún derecho a elegir a los miembros de sus respectivas Comisiones Asesoras, es decir no hay jueces naturales en las evaluaciones, procesos y sumarios académicos. Dichas Comisiones Asesoras son un anacronismo, pues se renuevan por mitades cada año, en un efímero desfile de investigadores. Cuánto más breve el mandato de sus integrantes más alta es su rotación y mayor entonces el número de los que voluntaria o involuntariamente se comprometen con la corrupción pautada por algunos pocos, que se perpetúan como miembros merced al privilegio de pertenecer al centenar de unidades ejecutoras o Institutos propios del CONICET (cuya mayor parte fueron inaugurados durante las dictaduras militares). Suman en total medio millar de Asesores, pues son veinte Comisiones y en cada Comisión hay como veinticinco investigadores. Los traen del interior del país, de todas las universidades, a Buenos Aires, con el viático pagado, se reúnen solamente dos o tres veces por año en el CONICET, donde se les deposita arriba de una gran mesa una enorme cantidad de expedientes y ahí cada uno saca los expedientes de sus amigos y discípulos, los aprueban y queda un pequeño número de expedientes en el medio, que nadie se atreve a tocarlos, que todos los repudian, y finalmente el presidente de la Comisión elige a uno para fallar, y generalmente son esos indefensos los que pasan al infierno. El mecanismo de evaluación de los Informes Periódicos es realmente una vergüenza.

    Por otro lado, el sistema electoral que impone el Decreto 1661/96 es lo más fraudulento que existe en la memoria de la legislación argentina, el padrón de los seis mil investigadores está fragmentado por regiones geográficas, además de estar fragmentados por disciplinas, no hay una comunidad científica. El padrón electoral del CONICET es realmente una vergüenza. No quiero abusar con detalles porque sería entrar en temas muy específicos, pero todo es un cuadro muy lamentable que ha generado esta situación de desolación y de miedo, que es lo más grave. Que se roben el dinero no es perdonable pero es usual; pero lo que no es usual, y creo que no se recuerda desde el año ochenta y tres que haya ocurrido algo como lo que está pasando actualmente, es que mediante una legislación y una práctica de conducción discriminatoria hayan impuesto un reino del miedo. En ningún régimen republicano, democrático, podemos tolerar que en las instituciones del país rija el miedo.

    IV-b.- La implosión académica y la mudanza de los científicos en tecnólogos

    Aparte del vaciamiento legal de los organismos científicos, se debe estudiar el fenómeno de la implosión académica. En Argentina se ha hecho un mito de los científicos. Por el hecho de ser científicos duros, de las ciencias duras, se convierten en grandes científicos, físicos, químicos, biólogos, geólogos, etc.

    Pero lo que está ocurriendo con esta corrupción del sistema científico es que muchos de los presuntos científicos son nada más que tecnólogos, pues debido a sus conocimientos y prácticas han perdido la condición de científicos. Para ser científicos y buenos tecnólogos tienen que tener cultura universal, y muchos científicos de las ciencias duras son tan tecnólogos pues carecen de educación humanística. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA ya no es la facultad de Rolando García, en la época de oro de la Universidad de Buenos Aires, que estaba en la Diagonal Sur. En esa época, a esa facultad iban filósofos, lógicos, lingüistas, había debates de todo tipo. Ahora la facultad de Ciencias Exactas es un reducto totalmente alienado y parcelado, habiéndose convertido en otro castillo de Kafka. Pruebas al canto, en su debate con Eduardo Grüner y Atilio Borón, el Ministro Barañao ha demostrado a propósito de su desdén por la teología su total ignorancia sobre el rol de las humanidades y las ciencias sociales en el universo y la historia del conocimiento científico. http://www.pagina12.com.ar/diario/ciencia/subnotas/97778-30894-2008-01-21.html

    Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Exactas y también en otras, ya no existe una comunidad científica, pues están fragmentadas por departamentos crecientemente independientes entre sí. Dichos Departamentos se disputan el presupuesto, y entre ellos hay luchas eternas por quedarse con el poder, y no hay comunidad ni debate científico. Por un lado están los físicos, por el otro los matemáticos, los biólogos y los químicos, y lo único que se discute es el poder. Y hay una camarilla que detenta ese poder, compuesta por el encriptólogo Hugo Scolnik del Departamento de Computación, cuya ex mujer Irene Loiseau, con quien tiene un hijo, también tuvo dos subsidios de la Agencia. Scolnik sostiene que nunca tuvo subsidios pero se descubrió que su ex mujer sí los tuvo. Y después están entre otros Roberto Etchenique, Marcelo Frías y Juan Pablo Paz, que son de química, computación y física respectivamente, quienes se reparten el poder del Consejo Directivo, y son los permanentemente premiados con los subsidios de la Agencia.

    En algunos ramos como la bioquímica [Facultad de Farmacia y Bioquímica], donde hay muchos intereses creados, están direccionados por los grandes laboratorios, y muchos también están hegemonizados por grandes investigaciones que se inician en el hemisferio norte y que aquí en Argentina solamente somos el último eslabón. Las investigaciones nuestras en el campo de las ciencias duras son en su gran mayoría simplemente subalternas o subordinadas a grandes investigaciones que se hacen en universidades de Estados Unidos y de Europa.

    Y en la propia Agencia o ANPCYT, las áreas tecnológicas a distribuirse los subsidios se han multiplicado y autonomizado. Últimamente, en 2009, las ramas de la tecnología en la Agencia fueron siete (7), a saber: Tecnología Agraria y Forestal, de Alimentos, Energética, Minera, Mecánica y de Materiales, Informática, de las Comunicaciones, Pecuaria y Pesquera, y del Medio Ambiente.

    Y en cuanto a las autoridades, los Ministros de Educación Daniel Filmus y de Ciencia y Técnica Lino Barañao fueron unos gestores cínicos y fraudulentos, pues han hecho de todo esto un negociado, acomodando a sus aliados, socios y discípulos. Algunos de los grandes beneficiados han sido los investigadores de la Fundación Leloir, en donde como Barañao es químico tiene intereses afines con ella. La Fundación Leloir aparentemente está muy feliz porque el investigador Osvaldo Podhajcer es uno de los grandes beneficiarios de los subsidios de la Agencia, pues obtuvo más de tres subsidios, y el biólogo Gonzalo Prat Gay recibió como cuatro o cinco subsidios. Gonzalo Prat Gay, es el primo hermano del ex presidente del Banco Central Alfonso Prat Gay. Después también están otros que están medrando, pues viven siempre tratando de obtener subsidios; pero no han promovido ningún debate, ninguna discusión, ni han formulado ningún cambio cultural. Para ello incluso le cambiaron el nombre a la institución, traicionando a su benefactor original (Campomar). Uno va a la biblioteca de la Fundación Leloir y da pena, están las colecciones periódicas suspendidas, y se ve que no invierten en su propia biblioteca. Con echar un breve vistazo en su biblioteca cualquiera se da cuenta que es un biblioteca desactualizada. Para hoy en día estar actualizado en biología y ciencias médicas hay que ir a la biblioteca de la Academia de Medicina en la calle Pacheco de Melo. Mientras la biblioteca de la Academia de Medicina es hoy en día la que tiene la mejor colección de revistas periódicas, la biblioteca de la Facultad de Medicina es un desastre. El estado de las bibliotecas de este país es terrible, es lamentable, salvo algunos islotes, como puede ser la Universidad Torcuato Di Tella o la Universidad de San Andrés, o el ISEDET de la calle Camacuá, que son excepciones, pues el resto es un páramo.

    V.- El “gatopardismo académico” y la continuidad de la nomenklatura

    Una vez instalado el contubernio en el sistema científico, devaluada la condición de los científicos, convertidos estos últimos en meros tecnólogos y profundamente deprimidos sus salarios, ha sido más fácil para los poderes de turno dividir y debilitar políticamente al mundo académico, para que todo siga igual, y para que los sucesivos gobiernos simplemente ocupen los espacios dejados vacantes por el kirchnerismo, sin que a nadie se le ocurra pretender cambiar algo.

    Esta estrategia continuista se ve en forma clara y transparente, porque durante el “menemismo”, una vez producido el “Pacto de Olivos”, el manejo de la ciencia argentina fue a parar a un acuerdo político secreto derivado del Pacto de Olivos donde el Lic. Juan Carlos Del Bello, actual Rector de la Universidad Nacional de Río Negro (actual socio del senador Pichetto), se constituyó en el reformador oficial, artífice de una legislación supuestamente modernizadora. Dicho Lic. Del Bello estuvo en el ministerio con Domingo Cavallo y venía exiliado de Costa Rica con fuertes vínculos con el Banco Mundial y con los organismos multilaterales de crédito, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cuando cayó Cavallo del Ministerio de Economía lo designaron a Del Bello Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación, lugar a donde llevó el Fondo Tecnológico Argentino, que eran los créditos del Banco Mundial. Fue entonces que hizo traducir toda la legislación del inglés, resultando de ello cinco decretos, del 1660 al 1664; mas el decreto 173/96 que creó la CONEAU. Del Bello reglamentó entonces la CONEAU, la Secretaría de Políticas Universitarias y la Agencia, así como modificó la estructura de poder del CONICET, volviéndolo más colegiado, al establecer la elección directa de parte de su Directorio. Finalmente en el año 99, en todo ese paquete impuesto por el Banco Mundial, vino lo único positivo: la Ley de Ética Pública, que todavía no ha sido reglamentada y su Comisión Nacional de Ética tampoco ha sido constituida, por lo que se trata de una ley que está acéfala. Sin embargo, ufano con sus éxitos políticos, Del Bello cometió la ingenuidad de hacer designar como Presidente del CONICET a un científico argentino radicado en USA, Enrico Stefani, quien al tomarse en serio el cargo, denunció entre otras anomalías: la existencia de un “tráfico de influencias” entre los Directores de Institutos y la propia Junta de Calificaciones. Fue tal la reacción de los elementos regresivos enquistados en el CONICET, que Del Bello, viendo peligrar la gestación de la Agencia o ANPCYT, no tuvo más remedio que sacrificar al Dr. Stefani. http://www.fcen.uba.ar/publicac/revexact/exacta11/opinion.htm

    Entre los argumentos por los cuales se fundó la Agencia se esgrimió que la concentración por parte del CONICET de la facultad de otorgar subsidios de investigación impedía que todos aquellos científicos que no pertenecían a dicho organismo pudieran acogerse a ese beneficio. Sin embargo, una vez creada la Agencia, el grueso de los beneficiarios resultaron pertenecer al CONICET, provocando así una situación contradictoria e incompatible, donde bajo un mismo Ministerio, dos organismos otorgaban sendos beneficios duplicando ingresos por un mismo proyecto, y violando la dedicación exclusiva a la que están obligados todos los Investigadores del CONICET. Se vino a operar así algo equivalente a lo producido con la Ley de Gresham, pues el trabajo de investigación para la Agencia, como está mucho mejor remunerado que el del CONICET o que el de la Universidad, pasa a tener para el investigador una consideración privilegiada. Por el contrario, al proyecto del CONICET o al de la Universidad se lo posterga en su calidad y prelación como si se tratase de un rezago. Al duplicarse para un solo proyecto los Informes y las remuneraciones, más allá de todas las justificaciones ocasionales o las trampas y escamoteos en las rendiciones de cuentas puntuales, lo que es grave y crucial es la pérdida de originalidad que conlleva presentar dos trabajos semejantes en dos organismos distintos, y la clara desigualdad ante la ley, que consagra el privilegio a favor de los beneficiarios de la Agencia. Con el tiempo, estos subsidios fueron siendo distribuidos cada vez mas en menos manos así como en montos cada vez más obscenos, debido entre otras razones a que su reglamentación exige que los beneficiados cuenten con relación de dependencia y dedicación exclusiva en alguna universidad.

    Toda esta especulación y posicionamiento alrededor de los subsidios de la Agencia fue producto del “gatopardismo” de la época “menemista”. Los intelectuales Alfonsinistas-ex JP (Tandeter, Sabato, Míguez, Boivin, Reboratti), y los Alfonsinistas ex Pasado y Presente (Portantiero, De Ipola, etc.), que fueron desplazados del poder en la UBA por una insurrección estudiantil, se cobijaron bajo el paraguas del Secretario Del Bello y de las nuevas universidades del conurbano, gerenciadas por conspícuos justicialistas (Villar, Jozami, Malcolm) http://www2.uah.es/vivatacademia/anteriores/n82/opinion.htm#Prosapia incestuosa en Argentina

    Una vez fundada la Agencia, son esos desplazados los beneficiarios iniciales de la primera etapa de tres tramos que tiene el multimillonario préstamo del BID. El primer tramo fue del 97 al 99, de ciento noventa (190) millones de dólares, y eso lo manejaron en las ciencias duras los coordinadores Carrillo, Barrachina, Parisi y Katz; y en las ciencias sociales De Riz, Korn y Roldán. Estos son los Coordinadores que manejaron el primer tramo [de los cuales resultaron reiteradamente beneficiados entre otros los funcionarios de la Universidad Nacional de Quilmes Mario Albornoz y Carlos Altamirano]. Luego vino el desastre del 2001.

    Cuando con Duhalde y finalmente con Kirchner se resucitó la Agencia, apareció de nuevo el crédito del BID, el segundo tramo que ocupa del 2001 al 2005, que son doscientos ochenta (280) millones de dólares. Esto último lo manejaron en las ciencias duras los coordinadores Cabada, Cánepa, Ceccatto, Corach, Corti y Rovira; y en las ciencias sociales Jorrat, Guber y Beccaria. Y el tercer tramo que es del 2006 al 2010, que es el monto más grande, quinientos sesenta (560) millones de dólares, lo manejaron en las ciencias sociales los coordinadores Cavarozzi, Kornblit, Keifman, Jorrat y Guber; y en las ciencias duras los coordinadores Colombo, Epele, Chessa de Siber, Salvarezza y Rovira, coincidentemente esta última designada en 2008 Presidenta del CONICET. Muchos de estos Coordinadores de la Agencia fueron luego ascendidos a las máximas categorías del CONICET, las de Investigador Principal y Superior, y muchos otros también integraron las Comisiones Asesoras del CONICET, y los comités de expertos de la CONEAU y la Secretaría de Políticas Universitarias, conformándose de esta forma una verdadera Nomenklatura.

    En medio de esas maniobras continuistas e incestuosas también se produce un nuevo fenómeno de “gatopardismo”. Todo el grupo que estuvo bajo el “menemismo”, la Alianza y el Duhaldismo se cobijó luego bajo el “kirchnerismo”, y siguió operando en la trastienda y la penumbra. Lamentablemente, tenemos entonces una elite intelectual que está permanentemente al acecho del poder y a la pesca de ascensos, incentivos y subsidios, que se pasa todo el tiempo rosqueando y llenando formularios, y que nunca va a investigar a los archivos, los laboratorios o los centros de cómputos. Han hecho de la historia y de las ciencias sociales una estructura de poder, y han copado los comités evaluadores de las editoriales privadas (e.g.: Ed. Prometeo) así como los medios de comunicación, citándose permanentemente entre ellos mismos. Son los únicos que aparecen en todos los programas de radio y televisión, invariablemente mencionados, infaltablemente citados. Ahí tenemos a los profesores Luis Alberto Romero, Beatriz Sarlo e Hilda Sabato, que como los soldados de la ópera Aída son los inexcusablemente convocados, los que nunca dicen ni denuncian nada, simplemente practican la estrategia desorientadora del tero, que pone su huevo en un nido bien parapetado, y grita bien lejos en otro nido vaciado de contenido.

    Las autoridades nacionales han logrado así sembrar el escarmiento, y ejercer una suerte de temor en la comunidad científica. La población científica está escarmentada y lo único que desea es sobrevivir, esperando que llegue el nuevo gobierno. Nunca se sabe que va a pasar, pues se está totalmente expuesto a lo que ocurra en el plano político. El mundo científico queda así sumergido en la postración, en la corrupción, en la irrepresentación más absoluta, en el “sálvese quien pueda”. Y ahí viene lo de la lista de espera. Casi todos están tratando de ver si en el próximo turno político que se avecina se pueden llegar a colar.

    VI.- La decadencia del aparato científico-universitario argentino.

    El debilitamiento de la educación superior –que se reinició con la Ley de Educación Superior (LES) en 1994, se potenció con el contubernio instalado en el sistema científico, y se agravó con la malversación del empréstito, el vaciamiento legal y el gatopardismo académico– se extendió a todo el país y también se proyectó en los ámbitos bibliotecológicos, urbano-espaciales, financieros y tecnológicos. Mientras cada ministro de educación que asume el cargo cambia la didáctica y la pedagogía de la escuela primaria y de la escuela secundaria, y viene el polimodal, el premodal y el post-modal, nadie se anima a atacar el tabú de la educación superior.

    VI-a.- La censura institucionalizada y la desinversión en la infraestructura científica

    En cuanto a los fenómenos de censura prevalecientes en los ámbitos académicos, la más grave que existe en el campo de la ciencia y la investigación es la ignorancia institucionalizada. Y en especial la ignorancia cultivada por el poder, con mecanismos de inversión irracionales y regresivos, como el que aquí se investiga. El no haber invertido en bibliotecas, en laboratorios, en centros de cómputos, en editoriales, le ha significado al país un vaciamiento sistemático de la cosa pública y una negación cultural irreparable.

    A título de ejemplo, la Biblioteca Nacional, que debiera ser el alma máter de la cultura Argentina, se ha convertido en una Unidad Básica, pues es el centro del grupo político denominado Carta Abierta, el parnaso de la intelectualidad “kirchnerista”. Ahí, incluso han inscripto en la entrada de la Biblioteca Nacional, cuando uno sube la rampa, en las lápidas, que cuando uno va caminando van sonando, los textos de Juan Perón, y de John William Cook, textos labrados como en piedra… esa es la Biblioteca Nacional, es una Unidad Básica.

    Todo la intelectualidad responsable sabe que en esa Biblioteca hace cincuenta años que no se compran ni reciben libros, que lo usufructúan para ofrecer conferencias y charlas; pero que su función especifica –que es la de tener informada a la clase intelectual argentina– dejó de existir en su agenda. Nadie va a ella porque el mundo académico sabe que en la Biblioteca Nacional hay poco o nada de valor contemporáneo. Los que han tenido que ir a la Biblioteca para hacer alguna consulta de anticuario, y les ha tocado tener que subir al quinto piso o al sexto piso donde está el salón mayor, que mira al río, que tiene como trescientas butacas o más, y han ido en horas picos, nunca deben haber visto sentados en ese enorme salón a más de seis o siete lectores, de los cuales la mitad suele dormir una placentera siesta. Hay que imaginar la inversión que significa tener ese edificio con la luz prendida, con la calefacción en invierno o con el aire acondicionado en verano, más el gas, más el numeroso personal que hay ahí. Hay más personal que publico, y es impresionante la irracionalidad con que se maneja esa institución.

    Con cien millones de dólares de esos mil millones repartidos, se podrían haber adquirido en editoriales españolas, que han salido en estos últimos quince o veinte años, fácilmente dos millones de libros. Sin contar obras en inglés, francés, alemán o ruso, si en el cómputo original de mil millones a cien dólares cada libro, se rebaja a cincuenta dólares cada uno, que es lo que cuesta un libro en una editorial española, se tienen fácilmente veinte millones de libros. El cambio cultural que habría producido poder tener actualizadas las bibliotecas del país, al menos en obras en español, habría transformado a la intelectualidad Argentina.

    Esa transformación se habría producido porque la juventud estudiosa lo que necesita para investigar, son estímulos, y los estímulos los trae la lectura, no solamente la docencia, no solamente los buenos profesores, sino también las buenas y recientes lecturas [que no aparecen en Internet]. Pero cuando las bibliotecas están vaciadas, desactualizadas, esos estímulos se pervierten, se adormecen, se debilitan. El gran intercambio cultural es a través de la lectura, o a través de los modernos medios de comunicación, Internet, los correos electrónicos, y los motores de búsqueda de información. El “Google” ha sido un cambio cultural fascinante en la historia de la humanidad.

    Gracias a esos progresos tecnológicos algunos colegas han podido conectarse. Actualmente estamos elaborando un trabajo con el profesor Joaquín Meabe de Corrientes. Nos hemos puesto en contacto con un historiador uruguayo, Guillermo Vázquez Franco, que es un hombre de ochenta y cinco años de edad [pero de una lucidez y una actividad envidiables] que ha publicado unos libros formidables sobre la historia uruguaya y sobre la historia rioplatense. También nos hemos contactado con historiadores paraguayos, bolivianos y chilenos, como Oscar Eduardo Lazcano Henry y Camilo Antonio Alarcón Bustos, todo gracias a internet y gracias al correo electrónico, y merced a ello estamos formulando un proyecto de investigación sobre el espacio rioplatense, el de las Provincias Unidas del Río de la Plata antes de su balcanización.

    Todas estas actividades solo se pueden hacer cuando hay un espíritu de solidaridad y una convocatoria internacional, una convocatoria pública, y cuando hay intercambio, y cuando hay reciprocidad; pero cuando por el contrario uno se encuentra con un estado que lo que prohíja es la camarilla, la nomenklatura y la corrupción, lo que logra es producir un desaliento feroz.

    VI-b.- El atraso estructural, espacial, tecnológico y financiero

    El atraso estructural espacial, tecnológico y financiero fue la resultante de dicho debilitamiento. La UBA, que es la principal universidad argentina, carece de un campus o barrio universitario propio, estando sus unidades académicas dispersas por todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a distancias inalcanzables en horas pico, impidiendo lograr por culpa de ese déficit estudios y programas interdisciplinarios e inter-departamentales (sería muy simple y sencillo declarar el barrio de Almagro, desde la Plaza Houssay hasta la UTN como barrio universitario y disponer que dicha zona urbana sea proclamada de utilidad pública). (ver http://www.simon-bolivar.org/Principal/bolivar/un_barrio_para_ba.html

    Más aún, las universidades y los organismos científicos argentinos como el CONICET yacen en la decadencia y obsolescencia tecnológica más absoluta. La publicación electrónica y los portales virtuales están totalmente subvaluados. El establishment académico local se resiste a: a) actuar al margen de las estructuras de poder tradicionales; b) prescindir de niveles intermedios como las editoriales; c) fomentar publicaciones electrónicas que no tengan que padecer los altos costos y la lentitud de la impresión y la distribución en papel; y d) ensanchar la clientela de su producción intelectual más allá de las fronteras del estado-nación.

    En materia de recursos financieros a distribuir, todos los docentes-investigadores de las universidades nacionales se desesperan por cobrar los denominados incentivos [que ocupan la quinta parte del presupuesto docente universitario con la categorización más alta]. Existen alrededor de cien mil docentes universitarios en todo el país, quienes poseen dedicación simple, exclusiva o semi-exclusiva. De estos cien mil docentes, la legislación “menemista” dividió a la docencia universitaria inventando una categoría nueva que se denomina “docente-investigador”. Para acogerse a la misma los docentes universitarios tienen la obligación de producir un proyecto de investigación. De los cien mil docentes universitarios treinta mil son docentes-investigadores, y de esos treinta mil docentes-investigadores, veinte mil cobran dedicación exclusiva en las universidades. Es decir inventaron una categoría nueva y se olvidaron que un docente universitario por el solo hecho de ser docente está obligado a investigar (aunque cobre solo una dedicación simple).

    El hecho de fragmentarlos e inventar una categoría de docente-investigador no los hace investigadores, porque muchos de estos treinta mil docentes, inventaron proyectos, dibujaron planes de investigación y se empezaron a disputar las categorías, pues esta carrera de docente investigador tiene cinco estamentos y el que los categoriza, “A”, ” B”, “C”, “D”, es la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, bajo la supervisión de la Agencia, que depende del Ministerio de CyT. Entonces los docentes-investigadores están ansiosos por ascender de categoría, llenando formularios, para cobrar este estipendio o sobresueldo que se denomina incentivo. Y entre los Investigadores incentivados y exclusivos que son veinte mil, se encuentran los que están en el CONICET, que son alrededor de trece mil, entre Investigadores y Becarios.

    Es decir, veinte mil docentes investigadores de dedicación exclusiva así como incentivados, de los cuales más de la mitad son a su vez investigadores del CONICET, donde hacen carrera como Investigador, haciendo buena letra para que sus Informes Periódicos sean aprobados y puedan ascender en la carrera, y para que el Directorio del CONICET les pueda autorizar por fuera de la dedicación exclusiva, a la cual están obligados, ejercer además una Asesoría o Consultoría. Entonces, en la carrera de acumular privilegios además de ser profesores titulares y regulares, de ser incentivados por la SPU, de ser promovidos en el CONICET, y de ejercer Asesorías y Consultorías, aspiran a su vez tener un subsidio de la Agencia, la “quinta pata del privilegio”. Sería bueno saber entonces ¿cuando estos docentes-investigadores, luego de llenar formularios correspondientes a cinco (5) organismos distintos, han de contar con el tiempo suficiente para investigar?

    VI-c.- La extorsión presupuestaria en las universidades del conurbano bonaerense

    Este debilitamiento político también se extendió al sistema universitario existente en los conurbanos de las provincias. Las universidades del conurbano bonaerense, actores y testigos de este drama, se encuentran bajo la contracción monopólica de los subsidios de investigación y de los presupuestos universitarios.

    En dichas universidades, tienen o tuvieron su sede académica y lugar de trabajo conocidos intelectuales (Universidad Nacional de General Sarmiento [Murmis, Rinesi], Quilmes [Altamirano, Myers, Gorelik, Terán, Palti], Tres de Febrero [Amaral, Plotkin, Gras, Feierstein, Picotti, Fernández Lamarra] y San Martín [Sabato, Romero, Burucúa, Aboy Carlés, Palacio, Vezzeti, Grimson, Guber, Wright]. Pero el enigma a desentrañar sería: ¿es cierto que todas las Universidades Nacionales están sujetas a una muda y clandestina extorsión político-presupuestaria controlada por la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación con el asesoramiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)? ¿están acaso las universidades más pequeñas vulnerables a estas prácticas extorsivas debido a la dimensión de sus presupuestos y a su escaso poder de movilización?

    El resultado de dichas prácticas extorsivas habría sido el mutismo o silencio forzoso. Más aún ¿es posible que en dichas universidades sus autoridades les exijan a su cuerpo docente el silencio o “no sacar los pies del plato” bajo el pretexto de arriesgar la coparticipación en la torta presupuestaria? ¿podría llegar a tratarse de una extorsión que ha sido tácita y mansa y también consentida por quienes supuestamente deberían ser las víctimas, convertidas entonces en cómplices del silencio? Acusaciones difíciles de probar y constatar con pruebas palmarias, a menos que se presente un arrepentido o se entre en el disco rígido de algún funcionario o se practiquen escuchas telefónicas, pero insoslayable sospechar si nos pusiéramos a evaluar la conducta pública desplegada en materia de críticas a las políticas oficiales por dichas supuestas víctimas, que para colmo de la hipocresía se muestran como progresistas.

    Con el correr del tiempo muchas de dichas universidades del conurbano porteño comenzaron a crecer cuantitativamente y sus autoridades entraron a competir entre ellas como si se tratare de un tráfico de cortesanos por ver quien se engancha mejor con el poder político de turno, al extremo de crear sedes centrales y observatorios de educación superior y de políticas universitarias en la Capital Federal, para poder exhibirse, dictar cursos de pos-grado arancelados, estar cerca del poder e influir sobre cada sucesivo gobierno. Para ese mezquino y desleal propósito, la universidad más exitosa a partir del Menemismo fue en el conurbano la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), con un presupuesto de catorce (14) millones de dólares y bajo la conducción del Rector Julio Villar. Ella fue la primera beneficiaria de la Agencia o ANPCYT en el conurbano en materia de subsidios de investigación, que incluyen los múltiples subsidios que recibieran entonces el Director del Comité de Maestría Carlos Altamirano, el luego Rector Mario Ermácora y el Director del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología Mario Albornoz (los listados de los beneficiarios de las Convocatorias 1997-99 desaparecieron del Portal de la Agencia). Pero luego de la crisis del 2001, en febrero de 2002, por públicas desavenencias de su Rector Villar con el Director Mario Albornoz y, más luego, en septiembre de 2003, con el Vice-Rector Mariano Narodowski, la UNQ se vio desplazada de la hegemonía universitaria del conurbano por la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM). Las otras Universidades, como la de Gral. Sarmiento, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Matanza o Lanús quedaron relegadas en materia de subsidios y pasaron a integrar la llamada Lista de Espera de la corrupción.

    Para consolidar este desplazamiento la UNSaM tuvo el privilegio que su

  14.  
    Sergio Enrique Pinto Castillo dijo:
    15 de mayo de 2010 - 16:41

    Quien controla la información, controla el poder, que en la actualidad está en manos de unos cuantos.

    Cuando la educación sea proporcionada al pueblo sin decisiones e ingerencias políticas, esto se verá reflejado en una mejora sustancial y real en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

    Todo esto se verá claramente reflejado en la reducción de los problemas socio-económicos de todos los países del mundo. Aunado a esto, es necesario promover los valores morales, el respeto, la no violencia y la elevación de las culturas de conservación del medio ambiente.

    Las esperanzas futuras de toda la humanidad descansan en los jovenes estudiantes que han sido envueltos en una esfera de desánimo, falta de motivación, frustración y desesperanza.

    Muchos de los jovenes de hoy en dia se han acostumbrado a vivir en la cultura de vivir al dia sin tener esperanzas, planear su futuro o sueños de un futuro mejor en donde se vean realizados a traves de realizar estudios académicos y mediante la incorporación posterior a los procesos productivos del país en el que viven.

    Un ejemplo de una posibilidad de solucion de los problemas sociales, económicos y educativos, se define como:

    Más y Mejor educación->Mejores Profesionales->Mas Empleos
    ->Mejoras de Crecimiento Social, cultural y Económico -> Mejor Futuro

  15.  
    Jesús Ancer Rodíguez dijo:
    24 de mayo de 2010 - 17:19

    La cohesión social implica lazos y unión, es decir, está representada por los vínculos existentes entre los individuos y las estructuras sociales, nos dice el rector Albor Cantard. En este aspecto, las Universidades asumen su compromiso social y promueven la democratización del saber, del conocimiento y de la cultura en diálogo permanente con la sociedad, interactuando con el Estado y con diferentes actores sociales y socioproductivos.
    La crisis de cohesión implica la falta de un pensamiento en el colectivo (nosotros) como referencia en la construcción de la identidad social y, en consecuencia, se pierden y/o diluyen los espacios de pertenencia.
    Para quienes tienen resueltas sus necesidades y aún más, esta crisis significa la supremacía del individuo, la expresión máxima de la libertad, mientras que para los desposeídos, ese individualismo significa riesgo, soledad y, sobre todo, desprotección.
    Asimismo, la crisis del “nosotros” se traduce en un sentimiento de amenaza en la relación con “los otros”. La solidaridad, vinculante entre nosotros y los otros, se ve desplazada por el resentimiento y la desconfianza, base de la creciente violencia que, desgraciadamente, reina en nuestras comunidades.
    Por lo anterior, es de medular importancia conocer el grado de fragmentación social en que las instituciones educativas estamos operando: el estado en que se encuentra la relación que se establece entre la institución educativa y la comunidad; el cómo se establece esa relación; el grado de acercamiento entre oferta y demanda educativa, etc.
    En fin, ya que entendemos la cohesión social como la relación existente entre los individuos y las organizaciones en la sociedad, es importante destacar el papel de la educación en esta relación.
    Aún y cuando existen políticas públicas orientadas a mejorar esta relación, también es conocido que a la fecha no se cuenta con un diagnóstico acerca de los grados de cohesión social, no hay estudios y/o investigaciones (como lo plantea Villa Sánchez en su comentario) que nos den una idea de la posición en que estamos actualmente en este aspecto, por lo que sería de gran apoyo el dar seguimiento a estas políticas y así saber el impacto que las instituciones han tenido en su entorno social.
    Además es crucial el diseño de nuevas políticas que no solamente se aboquen al apoyo de los desposeídos y los indígenas, sino que enfrenten los desafíos de revertir los problemas de crecimiento, desigualdad, fragmentación y exclusión social. Es por esto necesario también que las instituciones revisemos las políticas que tenemos hacia el interior y determinar si en realidad son las adecuadas y necesarias para fortalecer esa cohesión.
    La cohesión social es fruto de las interrelaciones entre individuos libres e instituciones privadas y públicas en un marco de normas y leyes reconocidas como legítimas por toda la comunidad; se sitúa en la base de la democracia para promover la plena expresión de las capacidades individuales de las personas, grupos sociales y organizaciones, para evitar la marginalización y exclusión reduciendo riesgos y vulnerabilidades. ¿Estamos dando esa oportunidad a todos los grupos sociales?
    El trabajo ahí está, creo que estamos haciendo mucho, pero también pienso que aún nos queda mucho por hacer.

  16.  
    ALDO VALLE ACEVEDO dijo:
    26 de mayo de 2010 - 20:51

    Universidad y cohesión social

    “En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la Educación Superior constituyen un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz”. Extracto de la Declaración Final Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, junio de 2008.

    Comparto sustantivamente lo que expresa en su artículo el rector Cantard, toda vez que el principal desafío de nuestras sociedades en la actualidad es alcanzar mayores niveles de cohesión social. Habida cuenta por cierto, de las grandes desigualdades que aún persisten en nuestras realidades. Sin embargo habría que tener mesuradas dosis de optimismo dado el actual panorama político que presenta América Latina. Esto es la consolidación de los sistemas democráticos y la resolución de los conflictos (internos y externos) por vías políticas y pacificas.

    Estamos pues en un campo propicio- a diferencia de décadas anteriores- para producir las necesarias reformas políticas, sociales y económicas que propendan hacia sociedades más inclusivas, que corrijan los males endémicos de nuestra región: desigualdad, pobreza extrema y asimetrías, que ponen en permanente riesgo la profundización democrática. Las plataformas de cooperación e integración que se han materializado en la región son una prueba contundente de los beneficios de una globalización que suele entenderse sólo desde el punto de vista económico, pero que para el caso de América Latina y el Caribe pueden y deben constituirse en procesos que solidifiquen nuestros sistemas democráticos.

    Todos estos esfuerzos políticos debiesen apurar y fortalecer la movilidad entre nuestros académicos y estudiantes, de modo de propender hacia un sistema de integración universitaria que promueva la homogenización de programas y el reconocimiento validado de un espacio común de educación superior.

    Hay aquí entonces un primer desafío para la educación superior pública de A.L y el Caribe, el de contribuir de manera eficaz a fortalecer la democracia, haciendo de ella un valor absoluto perceptible, que tenga significación a la hora de hacer nuestra contribución a la cohesión social. Nos es baladí, ni resulta obvio que estemos viviendo tiempos en que la libertad es un valor consolidado y la equidad una permanente aspiración de nuestros gobiernos. Es el fruto de muchos sacrificios, llevados adelante en buena parte por los ciudadanos de la región y particularmente y muy especialmente de la voz crítica y acuciante de nuestras comunidades universitarias.

    Es cierto que los avances sociales son en ocasiones difíciles de percibir y mas bien las pruebas apuntan a que males como la exclusión, discriminación y fragmentación sean el común denominador de realidades latinoamericanas. Sin embargo, no hay que olvidar que desde la década de los ochenta hasta nuestros días, las crisis políticas y económicas han sido recurrentes, lo que releva la necesidad de materializar el buen gobierno y expulsar de forma definitiva las malas prácticas asociadas a la corrupción y el populismo.

    La cohesión social debiese contener entonces un modelo de desarrollo que pone al centro de su preocupación al ser humano y sus derechos, entendiendo éstos en su dimensión económica, social, política y cultural. Generando por tanto desde el Estado las redes que promuevan una efectiva protección social y al mismo tiempo entregando las condiciones de base para una integración real en la sociedad.

    La misión de la Universidad pública se imbrica necesariamente con estos objetivos, no solo en la construcción de condiciones que faciliten el acceso a la educación superior de personas que sufren la exclusión económica, sino fundamentalmente en la generación de conocimientos que supongan la superación de estas exclusiones. Existe una responsabilidad social de nuestras universidades en trascender a sus misiones fundamentales (con raíces reformistas). Se trata también de ser capaces de construir espacios, especialmente en la ciudad y en la región, que den cuenta del compromiso con una sociedad de bienestar compartido, humana y sustentable.

    Como señala el autor, no es excluyente la excelencia académica, la pertinencia y la misión fundamental de la universidad con la necesidad de realizar aportes efectivos y esfuerzos articulados en la búsqueda de una mayor cohesión e inclusión social. No será la universidad la que resuelva todos los problemas que ocurren en la sociedad, pero resulta insoslayable en estos tiempos hacer el esfuerzo intelectual y práctico de generar mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos.

    El desafío es que el Estado y la sociedad comprendan que las Universidades públicas son insustituibles en esta labor y que una forma de resguardar esta misión es dotarlas de mejores condiciones de financiamiento, respondiendo de esta manera a la creciente mercantilización de la educación superior. En sociedades de riesgo permanente, de inseguridades cotidianas, un sistema universitario público empoderado, financiado, de excelencia, plural, inclusivo y comprometido con sus ciudadanos, nos remite al inicio de este comentario, esto es al fortalecimiento de la democracia como plataforma privilegiada para lograr mayores niveles de cohesión social.

  17.  
    Eduardo R. Saguier dijo:
    05 de septiembre de 2010 - 5:01

    Resumen del texto dirigido a la Presidenta Kirchner

    El Investigador del CONICET Eduardo R. Saguier solicita a la Presidenta Kirchner una investigación exhaustiva por medio de un sumario, para el esclarecimiento de hechos que pueden constituir los delitos de tráfico de influencias y administración fraudulenta entre funcionarios del Ministerio de Ciencia y Técnica. El régimen de cooptación y reclutamiento construido mediante la triangulación de reciprocidades entre funcionarios públicos pertenecientes a organismos que operan bajo la jurisdicción de dicho Ministerio, así como con el Ministerio de Educación, derivó en el ámbito científico en la existencia de una nomenklatura académica patrimonialista (que se repartió en trece años U$S 1240 millones de dólares del BID) y en la

    práctica de discrecionales evaluaciones y promociones de los investigadores,

    sin que los mismos hayan podido contar con intermediación institucional que los ampare.

    Tenemos así una trama de intereses burocráticamente asociados que afecta a la totalidad del sistema de administración de la ciencia y de la educación superior argentina, y que por tanto reviste una gravedad institucional inusitada, cuya principal víctima ha sido y sigue siendo el bien público, la comunidad científica, la creatividad y las libertades de sus integrantes. La combinación de violaciones a la ley de ética pública y violaciones a los derechos fundamentales del juez natural, el debido proceso y el derecho de defensa más la arbitrariedad ostensible en el CONICET de todo el procedimiento evaluador justifica que el hecho se califique como de gravedad institucional, porque ha corrompido al aparato del conocimiento convirtiéndolo en una ciencia administrada, privada del necesario ímpetu creativo, y porque lo que es tanto más vital ha puesto en peligro todo el sistema y el diseño de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Nacional.

    Para el texto completo, ver
    http://argentina.indymedia.org/news/2010/08/747128_comment.php

    Buenos Aires, jueves 26 de agosto de 2010

    Exma. Sra. Presidenta de la República
    Dra. Cristina Fernández de Kirchner

    S/D: Formación Sumario y Gravedad Institucional.

    De mi consideración:

    Eduardo R. Saguier, Investigador de Carrera del CONICET, DNI 4394928, patrocinado por el Dr. Jorge E. Marenco, se dirige a la Sra. Presidente Dra.
    Cristina Fernández de Kirchner a fin de peticionarle disponga de una investigación exhaustiva por medio del sumario correspondiente, para el esclarecimiento de hechos que pueden constituir los delitos de tráfico de influencias acontecidos entre funcionarios de organismos subalternos del Ministerio de Ciencia y Técnica (ANPCYT y CONICET), cuyos agentes habrían operado como autores materiales e intelectuales de la descalificación y rechazo de mis Informes Reglamentarios 2002-2003 y 2004-2005 (exp.2209/06), confirmados por el Sr. Ministro de Ciencia y Técnica Dr. José Lino Barañao, y de no tratarse de delitos, claramente se han enfrentado normas morales y de ética pública al coincidir en los mismos funcionarios la calidad de juez y parte.

    Esta suerte de persecución obedeció a que: a) en 2002, el suscripto criticó públicamente por escrito las autorizaciones del Directorio del CONICET para otorgar a los Investigadores asesorías y/o consultorías y las ratificó en un sumario confeccionado al respecto, e hizo suyas las expresiones públicas del ex Presidente del CONICET Enrico Stefani (Exp. CONICET No.003361/02); b) en diciembre de 2005 denunció ante los organismos fiscalizadores (Defensoría del Pueblo, Oficina Anti-Corrupción, Fiscalía General de Investigaciones Administrativas y Auditoria General de la Nación) a las autoridades de dicha Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT); y c) en mayo de 2009 querelló a las mismas autoridades ante el Juzgado Federal Penal
    No.8 a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Georgi por diversos hechos que pueden constituir delito entre los cuales el de tráfico de influencias, administración fraudulenta y prevaricato, al haberse asignado a sí mismos los subsidios de la propia Agencia, conceder subsidios de investigación a autoridades de organismos públicos (CONICET), que operan unos bajo la jurisdicción del mismo Ministerio al que ellos pertenecen (Ciencia y Técnica), y otros bajo un Ministerio afín (Cultura y Educación), y expedirse como evaluadores cuando debieron abstenerse. La persecución provocada por estas denuncias habría culminó con la Resolución 493/10 del 26 de julio de 2010, firmada por el Ministro de CyT Dr. Barañao, por la cual se rechaza el recurso de alzada por mi interpuesto y se ratifica lo actuado por la Comisión Asesora de Historia, Antropología y Geografía en la reunión de fecha 8 de mayo de 2009.

    Un fenómeno similar al de la Agencia se habría dado entonces entre las propias autoridades y directores del CONICET que evaluaron mis Informes, pues entre las mismas estarían las que fueron elegidas por el Directorio afín de lograr una mayoría sistemática influyendo y direccionando los resultados de las evaluaciones, para ser gratificados o premiados una vez cumplido lo que se esperaba de ellos (con subsidios, ascensos, autorizaciones de asesorías, viáticos, etc.). Las autoridades y directores beneficiadas por dichos subsidios que dependieron del Ministerio de CyT han sido tres (3) miembros del Directorio del CONICET (Siñeriz, Rapela, Girbal), medio centenar de miembros de sus Comisiones Asesoras, y medio centenar de Coordinadores y co-coordinadores de la Agencia o ANPCYT; y las que dependieron del Ministerio de Educación han sido las del Directorio de la CONEAU (Villanueva, Krotsch). De los miembros evaluadores de la Comisión de Historia y Antropología que han juzgado negativamente mis Informes, treinta y dos (32) recibieron antes y después de las evaluaciones diferentes subsidios procedentes de la Agencia y del propio CONICET, lo que confirmaría la hipótesis acerca de la naturaleza venal de quienes me evaluaron (ver nómina de los Asesores subsidiados por la Agencia en Anexo-I).

    Amén de la elevada proporción de evaluadores subsidiados por la Agencia presentes en la Comisión Asesora que rechazó mis dos (2) Informes bianuales consecutivos, causa estupor el detalle de las disciplinas científicas de quienes me evaluaron a lo largo de las cuatro sucesivas composiciones de dicha Comisión, la mayoría ajenas a la que me corresponde: la Historia (ver nómina de la Comisión agrupada por disciplinas científicas en Anexo-II). Más específicamente, y desde la mencionada Agencia, organismo presidido en ese entonces por el actual Ministro de Ciencia y Técnica Dr. Jose Lino Barañao, se registraron –con anterioridad a los dictámenes negativos y también una vez producidos los mismos– numerosos subsidios de investigación en beneficio de sus propias autoridades (Coordinadores y co-coordinadores) y de las del CONICET (ver detalle en Anexo-III). En concreto, he sido evaluado por retribuyentes y/o prometidos de subsidios.

    Todas las pruebas ilustradas y alegadas en los tres (3) Anexos, con los respectivos apellidos, disciplinas, organismos, montos de dinero y códigos de expedientes, que deben ser administrativa y judicialmente compulsadas y comprobadas, suponen gravedad institucional, por concurrir en el mismo cuatro figuras determinantes: 1) una presunta y continua complicidad; 2) una decidida connivencia de varias personas; 3) un manifiesto abuso de la posición gubernamental; y 4) una completa indiferencia respecto de los deberes morales impuestos por la ley de ética pública.

    Es evidente que en el cúmulo de miembros de la Comisión de Historia, Antropología y Geografía, donde una gran parte carece de competencia específica en el área de Historia, estos últimos deberían haber tenido la ineludible obligación de excusarse al carecer del atributo esencial que se requiere para la evaluación científica de un investigador perteneciente a una disciplina que no es la suya propia. El visto bueno a esta aberración viola el principio del juez natural ya que la mayoría de los jurados asignados han sido funcionarios profesionalmente incompetentes e ineptos para el desempeño específico de la función calificadora. Asimismo, esto viola el principio establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y configura un abuso del derecho en los términos del artículo 1071 del Código Civil porque con una absoluta falta de respeto por la especialidad se formó un tribunal con miembros Asesores mayoritariamente ajenos a la disciplina de la historia (que es mi especialidad científica por la que debía ser evaluado). Más aún, se hizo todo esto sin respetar las reglas administrativas de la ley 19549 que impone a todo acto una motivación y causalidad efectiva que solo se cumple cuando el administrado ha podido recusar a quienes han sido elegidos como jurados, lo cual es una potestad inexcusable del derecho de defensa garantizado constitucionalmente.
    Asimismo, lo aquí denunciado constituye una manifiesta violación del debido proceso legal toda vez que es exigencia de la Constitución Nacional que todo trámite respete los presupuestos de actuación y procedimiento de la ley
    19549 tanto en sede administrativa como judicial. En ese sentido la ley
    19.549 es muy precisa y fulmina con la falta de motivación y causalidad todo lo que no se ajusta al debido proceso administrativo como ha ocurrido en este caso, amén del vicio sobre la finalidad de los actos dictados en relación al suscripto.

    Si por otro lado, tal como se comunica más arriba, resulta que los funcionarios jurados que han intervenido en las evaluaciones de mis Informes estaban incursos en la causal material de recusación por tratarse de los mismos funcionarios que revistaban con prebendas bajo el título de subsidios en una repartición (Agencia) que había sido objeto específico de mis denuncias ante los organismos fiscalizadores y de una querella criminal ante el fuero penal federal, resulta que no solo se ha violado el debido proceso legal sino que también se ha atentado contra mi derecho de defensa, al omitirse el necesario desplazamiento de todos aquellos funcionarios jurados involucrados en la situación de hecho que ha sido objeto de dichas denuncias y querellas. Ese desplazamiento solo podía operarse por vía de recusación, derecho del que se me privó con arbitrariedad y mediante actos de nulidad manifiesta –como vengo denunciando–, y esto fulmina todo el proceso evaluador constituyendo además una causal de gravedad institucional porque lo enervado es mi derecho de defensa, o sea un derecho de rango constitucional. Todo esto indicaría entonces que los funcionarios responsables (CONICET) habrían actuado de manera ilegal, violatoria de mis derechos fundamentales y bajo una marcada presunción orientada a perjudicar sin preocuparse en lo más mínimo por la vulneración de mis prerrogativas.

    El organismo que tiene el deber de neutralidad presenta, por el contrario, un comportamiento de cooptación y connivencia con los jurados involucrados en las evaluaciones de los Informes, resultando así estos últimos convertidos en gratificadores que hacen de sus pronunciamientos un servicio o delivery, a pedido de una indicación previa, o de un mandato oculto, para una evaluación que puede ser tanto a favor como en contra, pero que en mi caso personal fue negativa.

    Esta arbitrariedad se torna más extendida si recordamos que el CONICET funciona con una veintena (20) de Comisiones Asesoras, que si bien hay renovación se advierte en ellas una permanente mayoría sistemática formada por subsidiados o prometidos de subsidios que luego los lograron. La veintena de Comisiones -CONICET- muy probablemente se encuentran contaminadas a una escala similar o mayor a la que traemos a colación en este preciso pedido de investigación y sumario. La falta de transparencia en la vida académica del máximo organismo de ciencia del país se corrobora también si tenemos en cuenta que actualmente lo preside la astrónoma Marta G. Rovira, la misma funcionaria que en íntima conexión con las autoridades penalmente imputadas viene de ejercer el cargo de Coordinadora en la Agencia o ANPCYT.

    El régimen de cooptación y reclutamiento construido mediante la triangulación de reciprocidades entre funcionarios públicos pertenecientes a organismos que operan bajo la jurisdicción de un mismo Ministerio, así como entre Ministerios distintos, derivó en el ámbito científico en la nomenklatura académica patrimonialista que hoy rige y en la práctica de discrecionales evaluaciones y promociones de los investigadores de acuerdo a sus intereses y conveniencias personales, sin que los mismos hayan podido contar con intermediación institucional oportuna que los ampare. Esta triangulación viene también operando con los organismos subalternos del Ministerio de Cultura y Educación (CONEAU, Secretaría de Políticas Universitarias o SPU), pues la citada Agencia tiene potestades legales en la categorización de los docentes-investigadores de las Universidades Nacionales para el cobro de los llamados incentivos; e incluso con las Secretarías de CyT de las Universidades Nacionales, quienes tienen la responsabilidad de auditar las rendiciones de cuentas de sus subsidiados, auditorías que nadie conoce. Tenemos así una trama de intereses burocráticamente asociados que afecta a la totalidad del sistema de administración de la ciencia y de la educación superior argentina, y que por tanto reviste una gravedad institucional inusitada, cuya principal víctima ha sido y sigue siendo el bien público, la comunidad científica, la creatividad y las libertades de sus integrantes.

    A esta altura, resulta claro que el Directorio del CONICET, al contar con una potestad omnímoda cercena y restringe los derechos y garantías al permitirle la Ley fundacional del organismo, el Decreto 1661/96 y la Ley 25.200 escoger de manera directa a los miembros de las Comisiones Asesoras y/o comisiones especiales y estos a su vez poder elegir a los peritos evaluadores de los Informes reglamentarios en un marco de confidencialidad o secreto de identidad, por el cual el evaluador es un comisionado con máscara y la defensa del Investigador –si así es posible denominar al trámite del
    art.41– sólo es posible una vez que su trabajo fue rechazado.

    De esto se sigue que el juzgamiento y evaluación de los Informes de los investigadores es realizado por los directores del CONICET o sus comisionados, elegidos en un marco de total arbitrariedad, que permite el transporte de mandatos clandestinos, segregativos o confirmativos, en abierta afectación de la justicia, la equidad y la excelencia, con graves perjuicios morales, patrimoniales y académicos. Es así que como recientemente lo señaló el Servicio Jurídico del CONICET en su dictamen de fs. 190/192 del exp.2209/06 –que el Ministro del área ha ocultado– para resguardar las libertades académicas y de investigación pido se disponga la formación de un sumario administrativo.

    La gravedad institucional y la falta de transparencia se vuelve mucho más elocuente si consignamos que se trata de un conjunto de funcionarios que han sido los beneficiarios del sistema que malversó a lo largo de trece años
    (1997-2010) la inconmensurable suma de U$S 1240 millones de dólares procedentes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de los cuales sólo U$S 40 millones de dólares fueron a parar al mejoramiento de la infraestructura científica (Programa para el Mejoramiento del Equipamiento, PME), y los U$S 1200 millones restantes a los proyectos personales de quienes ya se encuentran en la nómina salarial del aparato científico. Y para mayor escándalo, dicho conjunto de funcionarios y el Ministro Barañao dibujan las estadísticas en su portal electrónico para impostar imagen frente a la sociedad y los organismos de crédito (BID) y fabrican auto-amnistías de las acusaciones que se le formularon (ver dictamen del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología o CECTE, 2007). Y todo esto no sería posible sin represaliar, acallar y perseguir al denunciante, descalificando su producción académica.

    Semejante abuso del poder y del derecho, que la ley condena expresamente, configura un enorme y ostensible hecho de gravedad institucional al resultar enervados nada menos que los derechos contenidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional. La combinación de violaciones a la ley de ética pública y violaciones a los derechos fundamentales del juez natural, el debido proceso y el derecho de defensa más la arbitrariedad ostensible de todo el procedimiento evaluador justifica que el hecho se califique como de gravedad institucional, porque ha corrompido al aparato del conocimiento convirtiéndolo en una ciencia administrada, privada del necesario ímpetu creativo, y porque lo que es tanto más vital ha puesto en peligro todo el sistema y el diseño de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Nacional. Asimismo, el afán explícito de actuar de manera injusta viola el presupuesto primario con arreglo al cual se deben cumplir con los derechos fundamentales y que aparece como axioma básico impuesto al
    estado: afianzar la justicia como bien lo sostiene el Preámbulo de nuestra Constitución.

    Finalmente, de acuerdo a lo prescripto en la Ley de Ética Pública, y por la gravedad institucional, debe ordenarse también la investigación exhaustiva de los hechos aquí denunciados con la formación del consecuente sumario, debiendo además darse vista del expediente al Defensor del Pueblo y a los órganos de control del estado, los que deberán expedirse, previo dictamen respectivo obligatorio, por cuanto tienen responsabilidad primaria en el seguimiento del desempeño de los funcionarios del estado.

    Sin otro particular, le saluda

    Eduardo R. Saguier, Ph.D.
    Investigador-CONICET
    Museo Roca
    Instituto de Teoría General del Derecho-UNNE Círculo de Estudios Tucididianos (CET) http://www.er-saguier.org Juan F. Segui 3955—2º Dpto E 1425–Capital

    Anexo I

    Integrantes de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET que fueron subsidiados por la Agencia (2002-2009)

    Los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET agrupados por los subsidiados de la Agencia, fue la siguiente: a) los miembros evaluadores que siendo subsidiados por la Agencia rechazaron mi Informe 2002/2003 fueron diez (10) Investigadores sobre un total de diecinueve (19), o más de la mitad de la Comisión, siendo los mismos:
    Eduardo E. Berberian, Roberto Joaquín Bárcena, Cristina Bellelli, Daniel Campi, Francisco Carnese, Edgardo Cordeu, Ana Inés Ferreyra, Ariel Omar Guiance, Mónica Cira Salemme, y Alejandra Siffredi (Reunión del 6 de agosto de 2004, Leg.00913); b) los miembros evaluadores que siendo subsidiados por la Agencia ratificaron el rechazo de mi Informe 2002/2003 fueron catorce
    (14) Investigadores sobre un total de diecinueve (19), o el 75% de la Comisión, siendo los mismos: Alejandra Siffredi, Ana María Presta, Cristina Bellelli, Daniel Campi, Edgardo Cordeu, Eduardo E. Berberian, Cristian Rainerio Buchrucker, Francisco Carnese, Sonia Edith Colantonio, Ariel Omar Guiance, Beatriz Solveira, Mabel Adriana Grimberg, Osvaldo Mendonca, y Mónica Cira Salemme (Reunión del 11 de agosto de 2005, Exp.No. 3987/04); c) en la Comisión que dictaminó negativamente mi Informe 2004/2005, los evaluadores que siendo subsidiados por la Agencia rechazaron dicho Informe fueron diez (10) Investigadores sobre un total de dieciocho (18) o más de la mitad de la Comisión, siendo los mismos: Guillermo Ángel Velázquez, Nidia Areces, Daniel Enzo Olivera, Marta Mercedes Maffia, Laura Lucia Miotti, Héctor Carlos Vázquez, Bibiana Leonor Vilá, María Isabel Hernández Llosas y Gustavo Adolfo Martínez; (Reunión de 6 y 9 de mayo de 2008, Exp.No.2209/06); y d) en la Comisión que decidió constituirse en mi árbitro evaluador para el tribunal requerido por el art.41 del Estatuto del CONICET, han actuado como evaluadores –sin haberse hasta el momento excusado– ocho (8) Investigadores subsidiados por la Agencia sobre un total de veintidós (22) o la tercera parte de la Comisión, siendo los mismos: Ana Inés Ferreyra, Luis Alberto Borrero, Roberto Cittadini, Mónica Beatriz Lacarrieu, Cristina Ofelia Valenzuela y nuevamente los Investigadores G. A. Martínez, Maffia, y Miotti (Reunión de abril de 2009, Exp.2209/06).

    Fuente: CONICET, Leg.00913; Exp.No. 3987/04; Exp.No.2209/06)

    Anexo-II

    Integrantes de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET distribuidos por disciplinas científicas (2002-2009)

    Los integrantes de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET agrupada por disciplinas científicas, fueron los siguientes: a) en la Comisión que rechazó el Informe 2002-2003 estuvieron presentes sólo siete
    (7) miembros titulares que fueron historiadores (Cristina Bellelli, Daniel Campi, Mabel N. Cernadas de Bulnes, Ana Inés Ferreyra, Ariel Omar Guiance, Daniel Macor y Silvia Ospital) sobre un total de diecinueve (19) (Reunión del 6 de agosto de 2004, Leg.00913); b) en la que desestimó mi pedido de reconsideración por el rechazo del Informe 2002-2003, sólo nueve (9) fueron historiadores (Ana María Presta, Cristina Bellelli, Cristian Rainiero Buchrucker, Daniel Campi, Ariel Omar Guiance, Silvia Beatriz Lazzaro, Daniel Macor, Aurora Ravina, Beatriz Solveira) sobre un total de veintiuno (21) (Reunión del 11 de agosto de 2005, Exp.No. 3987/04); c) en la Comisión que rechazó el Informe 2004-2005, estuvieron presentes sólo cuatro (4) historiadores (Nidia Areces, Seoane, Cristian Buchrucker, Ana Inés Ferreyra) sobre un total de veintidos (22) apenas una quinta parte (Reunión de 6 y 9 de mayo de 2008, Exp.No.2209/06); y d) en la Comisión formada en 2009 para el art.41 estuvieron presentes sólo cuatro (4) historiadores (Ana Inés Ferreyra, Silvia Beatriz Lazzaro, Nelly Ongay, Ana Alejandra Teruel) sobre un total de veintidós (22) Investigadores, menos del 20% (Reunión de abril de 2009, Exp.2209/06); y en la suma total de evaluadores que dictaminaron sobre mis Informes en el CONICET (que fueron 64), se dieron: entre otros una etnóloga, un sociólogo, una etno-historiadora, dos (2) biólogos, cinco (5) geógrafos, una decena (10) de arqueólogos, una veintena (20) de antropólogos, y sólo una quincena (15) de historiadores, apenas la quinta parte del total.

    Fuente: CONICET, Leg.00913; Exp.No. 3987/04; Exp.No.2209/06)

    Anexo-III

    Detalle de los subsidios otorgados por la Agencia a los miembros de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET que evaluaron los Informes del suscripto (apellidos, fechas, montos y códigos de expedientes)
    (2000-2008)

    El detalle de los subsidios otorgados por la Agencia a los miembros de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET antes de las dictámenes negativos a mi respecto (fechas, montos y códigos de expedientes), fue el
    siguiente: a) la etnóloga Alejandra Siffredi (en el CONICET dos subsidios:
    PIP Nº 02275, plurianual, 2002-2005; y PIP Nº 5572, 2005-2008; y en 2005 el Proyecto de Investigación en Ciencia y Técnica (PICT 04-12247); b) el geógrafo Guillermo Ángel Velázquez (el PICTR2002-00081); c) el sociólogo Roberto Cittadini el PICT 04-09371 por un monto de $40.000; d) la bióloga Bibiana Leonor Vilá (el PICT 99 Foncyt, por un monto de $101.000); e) el arqueólogo Roberto Joaquín Bárcena (PICT-2003-14463 por un monto total de $76.563); f) seis (6) antropólogos: Edgardo J. Cordeu (el PICT-BID 98 N° 04-04400 y un subsidio de más de $400.000 para una investigación ¿antropológica? sobre el golpe de estado de 1966); Héctor Carlos Vázquez (el PICT-2000-2001, bajo el código 04-09951, por un monto de $83.000; y el PICT-2005, código 32917, por un monto de $102.000; Sonia Edith Colantonio (el PICT-2002, bajo el código 04-12494 por un monto total de $97.821); Mónica Beatriz Lacarrieu (el PICT-38345 del 2005, por un monto total de $202.000); Guillermo Luis Mengoni Goñalons (PICT-2003 bajo el código 04-14425); Daniel Enzo Olivera (el PICT-2002, 04-12098; y el PICT-2004, bajo el código 26023 por $199.302); y g) sólo cinco (5) historiadores: Ariel Omar Guiance (el PICT-2002, bajo el código 04-11272); Daniel Campi (en el 2002 el PICT 04-13099 por $135. 938); Cristina Bellelli (en el año 2000 el PICT
    04-09976 por $93.000 y en 2004 otro PICT por $203.000); Ana Inés Ferreyra (el PICT-26023 del 2004 por $129.925); y Nidia Areces (el PICT-2002, bajo el código 329). Y el detalle de los subsidios otorgados con posterioridad a sus dictámenes negativos fue el siguiente: a) la geógrafa Cristina Ofelia Valenzuela un PICT en 2005 bajo el código 32.788 y otro PICT en 2006 bajo el código 21055; b) la especialista en arte rupestre María Isabel Hernández Llosas otro PICT bajo el código 00538b; c) seis (6) antropólogos Francisco Raúl Carnese (el PICT-2004, bajo el código 26077); Mabel Grimberg otro PICT en 2007 bajo el código 00230 por $160.000; Héctor Carlos Vázquez un PICT en
    2004 bajo el código 04-09951 por un monto de $102.000; y la funcionaria del INADI Marta Mercedes Maffia un subsidio que alcanzó los $210.000; d) seis
    (6) arqueólogos: Osvaldo Mendonca un PICT en 2005 bajo el código 32807 por un total de $207.000; Mónica Salemme otro PICT en 2005 bajo el código
    05-38096 por un monto total de $205.000; Luis Alberto Borrero un PICT en
    2006 bajo el código 02046 por un monto de $197.600; y otro más reciente bajo el código 04-9498 BID 1728 y por un monto de $75.000; Laura Lucia Miotti un PICT en 2004 bajo el código 04-12387 por un monto de $69.541; y en 2006 otro PICT bajo el código 01552 por un monto total de $210.000; Eduardo E.
    Berberian (el PICT-2008-1551); y Gustavo Adolfo Martínez otro PICT en 2006 bajo el código 00264 por un monto total de $209.358; y e) sólo tres (3)
    historiadores: Beatriz Solveira un PICT en 2006 bajo el código 01281; Cristian Rainerio Buchrucker (el PICT-2007-02107-03); y Ana María Presta un PICT en 2006 bajo el código 01056, y en 2008 otro PICT bajo el código 2104 por un monto total de $158.115.

    Fuente: Listados de Operatorias de la Agencia o ANPCYT

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